La GC-1 en Taurito se convierte en zona de peligro por la temeridad de los ciclistas

Este pasado fin de semana un vídeo que circuló por las redes sociales, mostraba cómo un batallón de ciclistas cruzaba la autopista a la altura de Taurito con la bicicleta “a cuestas” para poder seguir la ruta que los lleva desde el sur de la isla dirección Mogán. Al llegar a Taurito por la GC-500 la carretera se corta y la única vía de acceso hasta Playa de Mogán y hasta el resto de la zona oeste de la isla es la autopista, una opción que está prohibida para los ciclistas pero que no parece importarles.

Muchos de los deportistas que vienen a entrenar así como turistas que practican ciclismo por ocio, han cogido por costumbre desde que en 2017 cerrara la GC-500 por desprendimientos, atravesar a pie los carriles de la autopista a su entrada por Taurito, para colocarse en las vías que van dirección a Mogán, lo que supone un constante peligro para ellos y para los vehículos, que denuncian esta actitud que se produce en invierno casi a diario.

El pasado mes de octubre la Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, dirigida por Miguel Ángel Pérez del Pino, y la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, acordaron poner en marcha este año 2023 la licitación de la nueva conexión entre Taurito y la Playa de Mogán a través de la construcción de un túnel de más de 300 metros, y de esta forma recuperar la conectividad directa entre ambas localidades. La partida inicial para esta obra, que está presupuestada en unos 13 millones de euros, que se incluía entonces en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año, sale de una aportación de 5 millones de euros de fondos propios del Cabildo de Gran Canaria que esta institución cedió al Gobierno Regional mediante un convenio firmado en 2015.

A finales del pasado año se estaban añadiendo al proyecto los condicionantes solicitados por Patrimonio del Cabildo para, inmediatamente después, solicitar una declaración de impacto ambiental simplificada del mismo. La previsión era que todos estos trámites estuvieran concluidos en la primera mitad de este año para aprobar técnicamente el proyecto y sacarlo a licitación por parte de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno regional. La totalidad del proyecto tiene un presupuesto superior a los 13 millones de euros y el plazo de ejecución, una vez cuente con la aprobación del impacto ambiental simplificado, será de 24 meses.

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