Nueva Canarias Mogán ya avanzó en 2015 de los efectos negativos del PMM Costa Mogán y que desvirtuaba los objetivos de renovación

Según se desprende de la resolución judicial dictada por el Alto Tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias debe dictar una nueva Sentencia en la que entre a valorar el fondo del asunto planteado por los denunciantes, esto es la La Comunidad de Propietarios del Centro Cívico Comercial de Puerto Rico Fase I, lo que le implica valorar si se han dado cumplimiento a los objetivos en los que se sustenta la ley para justificar la redacción de los planes de modernización e incremento de la competitividad.

 En este sentido debemos remitirnos a lo expresado en la página 7 de la memoria del PMM, en la que queda patente que el objetivo del Plan no era otro que estimular la inversión privada en la renovación de los espacios turísticos. Es evidente que el objetivo principal no es otro que renovar el espacio turístico, lo que implica a su vez que poco o nada tiene que ver con la renovación, las inversiones destinadas al desarrollo de nuevas edificaciones, inexistentes en el momento de la aprobación de dicho documento. Además, los redactores del PMM, optaron por transformar, el uso de los mayores lotes de parcelas disponibles, en equipamientos turísticos complementarios, abriendo la puerta a la implantación de cualquier actividad económica que cumpliera con dicha descripción.

 Desde NC se advirtió en el año 2015, de los efectos perversos que podría originar esta nueva calificación de los usos, así como que suponía desvirtuar los objetivos de renovación que consagran la redacción de todo Plan de Modernización, ya que podría culminar en la proliferación de la implantación de la actividad comercial, cercenando toda posibilidad de generar nuevos espacios dotacionales deportivos y/o culturales que añadieran competitividad a un destino maduro como lo es el de Puerto Rico.

 Así las cosas, y tras la judicialización del PMM- Costa de Mogán, y los efectos que una sentencia que declarase la nulidad del documento de planificación, podría tener tanto para los inversores como para el Ayuntamiento de Mogán, en el año 2017 desde Nc-Mogán, se propuso al gobierno liderado por Onalia Bueno y del que formaba parte el Psoe, que no se suscribiesen convenios con inversores privados, hasta que recayera sentencia que aclarase el panorama judicial, ya que las consecuencias para todos, sector público y privado podrían ser muy graves.

 En este sentido, en el año 2017, la portavoz de NC, Isabel Santiago, solicitó que dichos convenios se quedasen sin efecto, no sólo por la situación judicial del PMM, ya que su declaración de nulidad, provocaría la consecuente nulidad de todos los convenios suscritos al amparo de dicho documento, sino porque el grupo de gobierno de aquel mandato ( Ciuca-Psoe) había incurrido en errores formales de tramitación, ya que no constaba en el expediente ni el informe de la asesoría jurídica, ni el informe de fiscalización del interventor.

 Ahora, son estas cuestiones, sobre las que advirtió la portavoz de NC, Isabel Santiago, en las que reside lo que podríamos definir como el “talón de Aquiles” del PMM Costa de Mogán, y es que si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, entiende que no se han dado cumplimiento a los objetivos de renovación que fija la Ley para estos documentos, nos encontraremos con un PMM nulo, lo que provocaría que todas las inversiones realizadas, al amparo de dicho documento, quedasen fuera de ordenación, lo que implicaría, a su vez, que las posibilidades de acometer reformas, mejoras o ampliaciones se verían limitadas a los supuestos que fija la Ley del Suelo, actualmente en vigor. Pero además, esta posible nulidad del PMM causaría un efecto negativo, que complicaría enormemente la concesión de nuevas licencias de apertura en aquellos locales que, ubicados en los nuevos centros comerciales, se encuentran sin actividad alguna.

 Para NC, la actuación de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y su concejal de urbanismo, Mencey Navarro, ha sido cuanto menos temeraria, e irresponsable, basta con recordar las declaraciones públicas realizadas por este último, el 20 de noviembre de 2020, en las que afirmaba que la anulación del PMM no afectaría a lo construido, sin embargo, es un hecho cierto y objetivo que todo lo construido al amparo de un documento que sea declarado nulo, pasa a estar fuera de ordenación, lo que afecta al desarrollo económico de la actividad que se desarrolla, en este caso, en los centros comerciales hoy edificados en Puerto Rico, sin contar con que los convenios urbanísticos suscritos, entre los promotores y la alcaldesa de Mogán, serían radicalmente nulos.

 Para NC, es evidente que el PMM Costa de Mogán, no ha servido ni para renovar la planta alojativa de Puerto Rico, ni el destino, y esto plantea un grave problema, en el caso que el Tribunal Superior de justicia de Canarias entienda que, efectivamente, este PMM no ha dado cumplimiento a los fines que fija la ley.

 El futuro del desarrollo turístico de Mogán, que pasa por la necesaria renovación de los espacios turísticos maduros, y del desarrollo por tanto, del resto de actividades económicas, que acompañan a esta actividad, esencial para la economía canaria, queda en el aire hasta que se dicte sentencia, y todo ello, por la actuación irresponsable del actual gobierno de Mogán, que no ha sido capaz en 8 años, ni de aprobar un plan general que resuelva los problemas urbanísticos, que se derivan de unas normas subsidiarias que se aprobaron en diciembre del 2008, lo que ocasionó que todo lo desarrollado al amparo de éstas fuese nulo de pleno derecho, tal y como expresó el Gobierno de Canarias a través de un informe de fecha 17 de noviembre de 2008, suscrito por el Director General de urbanismo D. Jesús Romero Espeja.

 Onalia Bueno y su concejal de urbanismo, deberían preocuparse por el futuro de Mogán y poner orden en el urbanismo municipal, pues aquel es imposible sin este.

 La portavoz de NC, Isabel Santiago, espera que sea cual sea el fallo de la futura sentencia que dicte el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tenga el menor impacto posible sobre las inversiones realizadas y por tanto sobre el empleo que genera la actividad económica que se desarrolla en Puerto Rico.