La alcaldesa de Mogán vuelve a reclamar al Ayuntamiento el pago de las facturas de su abogado en el caso Góndola, archivado hace 5 años

Más de cuatro años después de quedar libre de imputaciones en el caso Góndola, que investigaba una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Mogán durante el mandato 2003-2007, la actual alcaldesa de este municipio grancanario, Onalia Bueno (Juntos por Mogán, integrado en Coalición Canaria), presentó escrito ante el Ayuntamiento de Mogán reclamando el abono de casi 40.000,00€ a su favor en concepto de gastos de defensa jurídica y minuta de procuradora. 

            El acuerdo que reconoció esa obligación de pago, adoptado por la Junta de Gobierno el 28 de diciembre de 2021, fue impugnado por Nueva Canarias (NC) en enero del 2022, al considerar que esa resolución era “contraria a derecho y al interés general del municipio” y que los técnicos que intervinieron en el expediente incurrieron “en una falta grosera de diligencia” al “omitir la labor de fiscalización y comprobación” de los datos y la información aportada por la máxima representante del consistorio sureño.  

            Tras la presentación de dicho recurso, y la emisión de un informe del secretario municipal, en una segunda junta de gobierno celebrada el 8 de marzo de 2022, se declaró nulo el acuerdo por el que se reconocía a Onalia Bueno el derecho a percibir dichas cantidades, al adolecer de la justificación y la motivación adecuada.

            Así las cosas, desde la formación nacionalista, el 9 de marzo de 2022, se reclamó al Ayuntamiento el inicio del expediente por el que se hiciera efectiva la devolución de los casi 40.000€ abonados en favor de Onalia Bueno. Sin embargo, y a pesar de los numerosos escritos presentados por Nueva Canarias, exigiendo el cumplimiento del acuerdo de Junta de Gobierno, tanto los responsables políticos como técnicos hicieron caso omiso, permitiendo que Onalia Bueno fuese receptora de unos fondos públicos que no le correspondían.

            Pasados uno 17 meses, y tras la presentación de varios escritos, el edil nacionalista, Juan Manuel Gabella, se dirigió tanto a la tesorera municipal como a la asesoría jurídica instando la resolución del expediente y la ejecución del acuerdo de junta de gobierno por el que se declaraban nulo el acuerdo que confirmó el pago en favor de Onalia Bueno.

            Así las cosas el pasado 13 de agosto, la tesorera municipal por un lado, inició contra la alcaldesa de Mogán, el expediente de reintegro de los casi 40.000€ y de sus correspondientes intereses de demora. Y por otro, la responsable de asesoría jurídica, inició en ese mismo mes, la resolución del expediente en el que contemplaba las nuevas alegaciones presentadas por Onalia Bueno.

            El informe emitido por la asesoría jurídica, de fecha 18 de agosto de 2023, concluye nuevamente que a la alcaldesa de Mogán le corresponde el pago de los casi 40.000€ reclamados en concepto de honorarios por la contratación de letrado y procurador, por lo que ha solicitado a la tesorería municipal la compensación de la deuda reclamada.

Recurso de Nueva Canarias

            Desde NC, los concejales Juan Manuel Gabella y Javier Romero, han presentado un nuevo recurso de reposición contra el acuerdo de fecha 28 de diciembre de 2023, que reconoce nuevamente el pago a favor de Onalia Bueno, por entender que existe una evidente ausencia de prueba que permitan justificar que los hechos investigados estén relacionados con el ejercicio del cargo.

            Recuerdan los concejales en su escrito que la alcaldesa de Mogán fue investigada por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, malversación, delito electoral y revelación de secretos en el caso Góndola, unas diligencias que se abrieron en 2006 a partir de una denuncia contra determinados convenios urbanísticos en el municipio durante la etapa del Partido Popular (formación a la que pertenecía y de la que era concejala en aquella época Onalia Bueno) y que se fueron desgajando en diferentes piezas a partir de las pesquisas realizadas por la Brigada de Información de la Policía Nacional en la provincia de Las Palmas. 

            En este sentido, desde NC, se hace referencia a que la alcaldesa de Mogán, aportó un nuevo documento, concretamente el Auto de fecha 25 de enero del año 2007, en el que se reconoce que fue imputada por la comisión de un presunto delito de “naturaleza electoral y otro de revelación de secretos”, delitos que no están relacionados con el ejercicio del cargo, y sobre el que la titular de la asesoría jurídica hace caso omiso en su informe.

            Además añade la formación nacionalista, que la alcaldesa de Mogán no ha acreditado el pago de las facturas cuyo abono reclama, cuestión que también omite en su informe la responsable de la asesoría jurídica.

            Para los concejales de NC, los responsables técnicos que intervienen en el expediente, no han reclamado a la alcaldesa de Mogán ninguna aclaración sobre estas cuestiones, limitándose a emitir un informe con apariencia de legalidad para cubrir el expediente y acceder a lo solicitado por Onalia Bueno

            La formación añade que no se ha presentado ningún justificante del pago de los honorarios del abogado Sánchez Limiñana, a pesar de que la Ley 7/2012, de prevención y lucha contra el fraude, estipula que no podrá abonarse en efectivo ningún importe superior a los 1.000 euros.  

Pagos anteriores

            Para NC, la alcaldesa de Mogán “falta abiertamente a la verdad” cuando dice que el Ayuntamiento nunca le ofreció protección jurídica en esta causa. En su recurso aporta cinco actas de Juntas de Gobierno de febrero de 2007 a agosto de 2008 en las que se aprueban provisiones de fondo para pagar a su entonces abogada (Josefina Navarrete) en esas diligencias. Una de ellas, de 5.000 euros.

            En relación a la cuantía de la indemnización, NC también aprecia una falta de control por parte de los funcionarios que intervinieron en el expediente y una separación “radical” del criterio seguido en casos “precedentes e idénticos”. El recurso alude a la disposición adicional 8 de las bases de ejecución del presupuesto municipal de 2021, una disposición que se repite en todas las cuentas desde 2018 y que establece que se aplicarán los baremos orientativos del colegio profesional de abogados en caso de que algún miembro de la corporación o funcionario hubiera contratado asistencia letrada externa para su defensa jurídica. 

            Por todo ello, solicitan la nulidad del acuerdo e instan al interventor y a la tesorera a que inicien el expediente de reintegro de las cantidades “indebidamente abonadas”, y que se “reclamen los intereses devengados a los funcionarios que informaron favorablemente sin los requisitos de motivación y prueba necesarios”.