Sin instituciones sólidas y abiertas no tendremos una Gran Canaria sostenible

Cuando vivimos la grave crisis financiera (2008-2014) o la pandemia de la Covid-19, mucha gente apreció la importancia de contar con un escudo y protección social y económico por parte del aparato del Estado español, central, autonómico y local. Tener un escudo social asegurado por el sector público, tímido, sesgado y neoliberal en el caso de la crisis financiera, y expansivo y socialdemócrata durante la pandemia, hizo ver a la ciudadanía y las empresas la importancia vital de contar con una administración y un sector público mínimamente pertrechado para acompañar a la sociedad y la economía española a salir de la crisis económica y social.

De ahí que, cuando nos levantamos un día con el discurso grotesco y simplón de Donald Trump o el siguiente día con la agresividad de Milei denostando al Estado y las ayudas sociales, abogando por su adelgazamiento, la bajada de impuestos y la eliminación de regulaciones a los bancos y grandes monopolios empresariales, nos tenemos que preguntar si ese debilitamiento del Estado que nos proponen está pensado para el bien común y la mayoría social o, en cambio, es simplemente una cortina de humo de una agenda de las élites poderosas.

En realidad, mucho tenemos que preocuparnos y ocuparnos, cuando esos discursos simplistas y populacheros que asimilan la regulación y la acción de los gobiernos con ataque a un concepto abstracto y vacío de libertad, resultan en propuestas de estados autoritarios con control férreo de la ciudadanía y ataque a las libertades y derechos que tanto nos han costado conseguir.

Y no es casualidad que precisamente esos grupos de poder político y económico que abogan por la desregulación y estados débiles que puedan ser controlados por esas élites, estén lanzando campañas de desprestigio del compromiso internacional alcanzado en la ONU y reflejado en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

La historia social y económica del siglo XX y este XXI nos enseña que contar con una democracia sólida, buen gobierno y una administración pública que funcione bien, es una garantía mínima para alcanzar niveles deseables de desarrollo. La inclusión del ODS 16, que junto al ODS 17 conforman la gobernanza pública de la Agenda, viene a señalar que avanzar hacia un desarrollo sostenible supone precisamente contar con instituciones y alianzas sólidas.

Dado que creemos que lo público se construye hacia dentro y hacia afuera, situamos la participación ciudadana como un factor clave y estratégico de la Gobernanza Pública y, por lo tanto, para la Agenda Gran Canaria 2030 de Desarrollo Sostenible. Para ese ideal de Ecoisla Gran Canaria que engloba la Agenda 2030, se entiende que la participación ciudadana actúa transversalmente en todos los ámbitos del desarrollo y, en suma, contribuye a la construcción de gobiernos abiertos y sólidos con una gobernanza pública participada.

El principio sistémico e integral de la estrategia de la Agenda 2030 se puede entender mejor si relacionamos las posibles implicaciones de la participación ciudadana en una gran parte de las metas del desarrollo sostenible. 

Está presente cuando la comunidad educativa, padres y madres incluidas, interviene en decisiones relativas a los comedores escolares, que aporta a la reducción de la pobreza infantil (ODS 1) y la subalimentación (ODS 2). O cuando implicamos a las personas usuarias de centros primarios de salud para co-diseñar mejoras en el funcionamiento de este servicio público (ODS 3). Cuando montamos procesos deliberativos con el alumnado para decidir sobre funcionalidades de los centros (ODS 4). Cuando hacemos con metodología participativa planes de igualdad de un municipio o una empresa involucrando (ODS 5). Cuando se lleva a cabo un proceso participativo para elaborar un plan insular de agua (ODS 6). 

También cuando se promueven comunidades y cooperativas energéticas de gestión colectiva (ODS 7). Si promovemos la participación de la comunidad local en el diseño y gestión de destinos y productos turísticos sostenibles (ODS 8). Cuando se activan procesos de innovación colaborativa para crear y gestionar canales de comercialización de la pequeña industria canaria (ODS 9). Cuando implicamos a entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de migrantes y profesionales para la elaboración de plan de convivencia e interculturalidad que busca promover la igualdad de oportunidades de todas las personas independientemente de su origen (ODS 10). Cuando se hace un proceso participativo para elaborar un plan de movilidad de un territorio o municipio, o fomentamos la constitución de cooperativas de vivienda colaborativa o co-vivienda (ODS 11). 

Está presente cuando se elabora participativamente la estrategia de economía circular de un territorio, o se consigue la participación ciudadana en la gestión integral de residuos sólidos urbanos o un grupo de vecinos y vecinas diseñan y gestionan colectivamente un grupo de compostaje orgánico (ODS 12). En el caso de un grupo de vecinos y vecinas que diseñan y gestionan colectivamente un grupo de compostaje orgánico que contribuye a la descarbonización (ODS 13). O cuando se crean Barrios Azules para promover cambios en la gestión pública de nuestro litoral y la concienciación ciudadana (ODS 14). Cuando se implica a agricultores, pastores y ganaderos en la creación y gestión de mecanismos de conservación y regeneración y restauración de nuestra cumbre grancanaria (ODS 15). 

En el momento en que se implica a la ciudadanía y la sociedad civil organizada en la prevención y lucha contra la corrupción o se organizan campañas de educación y cultura democrática dirigidas a la juventud (ODS 16). Cuando se hace un proceso participativo que, a la vez que contribuye a una intervención pública eficaz, fortalece las alianzas en la esfera pública, de las instituciones públicas competentes en el territorio, y público-privadas, con la sociedad civil y el sector empresarial (ODS 17). O en el caso del proceso participativo llevado a cabo para implicar a la ciudadanía de nuestra cumbre en la declaración del Patrimonio Mundial de Risco Caído y Montañas Sagradas de Gran Canaria (ODS Cultura).

En suma, entendemos que construir una isla de progreso y justicia social, el ideal de Ecoisla 2030, cuidadosamente labrada por todos y todas, y que incluya a las generaciones futuras, no será posible sin la implicación real de toda la ciudadanía junto a las instituciones públicas y el sector privado. Y bien poco avanzaremos sin contar con unas instituciones de gobierno abiertas y sólidas que nos marca las Naciones Unidas como transversalidad necesaria de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.