Bueno permite que el interventor municipal de Mogán se vaya dos meses de vacaciones sin que haya emitido el informe de fiscalización de los contratos menores

Tras la toma de posesión de la nueva Corporación en mayo de 2023, los concejales nacionalistas, Juanma Gabella y Javier Romero mantuvieron una reunión con el interventor municipal en el que le hicieron llegar su preocupación por el abuso que, de los contratos menores, estaba haciendo el grupo de gobierno que dirige Onalia Bueno.

A raíz de esta reunión, el interventor municipal emitió una circular en el mes de septiembre de 2023, dirigida a todos los órganos gestores del Ayuntamiento solicitando un listado con los contratos menores firmados en los tres últimos años, concretamente desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2022.

El objetivo, precisa, es elaborar un informe que sirva para comprobar “las deficiencias o irregularidades más destacables y frecuentes que se pudieran estar cometiendo” y “ofrecer una visión global y representativa” de la tramitación de este tipo de expedientes por parte del gobierno liderado por Onalia Bueno, líder de Juntos por Mogán y aliada de Coalición Canaria (CC).

Para NC-bc, la autorización concedida al interventor, por los responsables políticos del Ayuntamiento de Mogán, para disfrutar de sus vacaciones desde el 26 de marzo hasta el 31 de mayo de 2024, ambos inclusive, supone un retraso evidente en el cumplimiento de la emisión de dicho informe, que hace sospechar que Onalia Bueno no le interesa nada que se conozcan las conclusiones del interventor municipal.

La situación en relación a los contratos menores, es muy preocupante en el Ayuntamiento de Mogán, dado el aparente abuso que se esta fórmula de contratación se produce, y por el que tanto la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, como el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro están siendo investigados por los juzgados de Maspalomas.

Los ediles de NC-bc, dirigieron, en el pasado mes de noviembre, un escrito al interventor en el que le requerían que ampliase el periodo de fiscalización de los contratos menores al año 2015, y todo ello debido a que, por un lado,  el ámbito temporal de cualquier investigación no debe ser arbitrario, sino responder a la lógica de los hechos fiscalizados y al marco legal aplicable.

Ninguna justificación objetiva subyace tras el periodo elegido de fiscalización. Por otro lado, limitar temporalmente la investigación omitiría la posible conexión entre contratos sucesivos y la continuidad en las prácticas presuntamente contrarias al ordenamiento jurídico.

Además, sostienen Gabella y Romero, que la función interventora es garantizar que la gestión económico-financiera se ajuste a los principios de legalidad, eficiencia y economía. No extender el periodo de investigación compromete no solo el esclarecimiento de la verdad y la posibilidad de restaurar el orden jurídico perturbado, sino también la confianza ciudadana en sus instituciones.

El derecho a una buena administración es un principio consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y es también reconocido en nuestro ordenamiento. Dicho derecho implica una gestión transparente, eficaz y responsable de los recursos públicos. La limitación en el tiempo de la investigación impide que se realice un escrutinio completo, algo esencial para la protección de los intereses generales y para prevenir futuras irregularidades, sentenciaron en el escrito de noviembre.

Para NC-bc, este modo de proceder atenta contra la buena administración, la  transparencia y la gestión responsable que se le exige a todos los representantes públicos, motivo por el cual los concejales de NC-bc, estudiaran determinados contratos menores a los efectos de ponerlos en conocimiento de la fiscalía si fuese necesario, dada la falta de interés con el que Onalia Bueno está abordando este asunto.