La Disposición transitoria única, del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, fija el inicio de la realización de auditorías, y por tanto la elaboración de planes de control financieros, a partir de enero del 2019.
NC-bc solicitó a Onalia Bueno que inste al interventor municipal y al concejal de hacienda a que cumplan con la ley y redacten el Plan de Control Financiero del ayuntamiento.
En la sesión plenaria celebrada en el día de hoy en Mogán, se sometió a aprobación la cuenta general del Ayuntamiento para 2023, como paso previo a su remisión a la Audiencia de Cuentas de Canarias.
En el debate, el concejal de NC-bc, Juanma Gabella, puso sobre la mesa la imposibilidad de aprobar dicho documento dada la ausencia de un Plan de Control Financiero anual en el sentido establecido por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, que desarrolla el Reglamento de Control interno de las entidades del Sector Público Local.
Según expresó el edil, la elaboración de este documento de control interno, no es opcional, dado el mandato legal que introduce el art. 31 de dicho reglamento, señalando al interventor municipal como responsable de su redacción obligatoria año a año.
Para NC-BC, este incumplimiento es muy grave, pues supone que las cuentas públicas no han sido sometidas a los controles que establece el Reglamento, según el cual deben centrarse en el control permanente y la auditoría pública.
Así las cosas, y ante los hechos objetivos irrefutables, tal y como expresó el edil nacionalista, Juanma Gabella, las cuentas de públicas de Mogán, no se han sometido ni al control sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico ni a los principios generales de buena gestión financiera, así como a la verificación relativa a si las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad, fundamentales para asegurar el buen funcionamiento de la administración local.
Para NC-BC, resulta incomprensible que, tanto el concejal de hacienda, responsables político, como el interventor, responsable técnico hayan hecho caso omiso a una exigencia legal de tal magnitud, que han supuesto un debilitamiento de los controles internos del gasto y de la ejecución presupuestaria.
En este sentido el edil nacionalista, Juanma Gabella, expresó que esta pasividad en el control de legalidad de los gastos, confirma las dudas de NC-BC en relación al modo en el que se están tramitando los contratos menores, e incurriendo en posibles fraccionamiento de los mismos.
Así mismo, el concejal de NC-Bc, remitió a la alcaldesa, al interventor y al concejal de hacienda a que revisen el Cuaderno técnico elaborado por el Consejo General de Economistas, el Plan anual de control financiero de Arona, o de un municipio con 10.000 habitantes menos que Mogán, Aguilar de la Frontera, o de cualquiera de los elaborados por el Ayuntamiento de Madrid, que los lleva redactando desde enero de 2019, para que, en caso de duda, tengan de donde copiarse.
Esto no es una finca privada que puedan gestionar como les dé la gana, esto es una administración pública, que gestiona el dinero de los vecinos para la defensa, se supone del interés general, sentenció Gabella, que expresó el voto en contra de su formación.
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