Clavijo expone a la Comisión de Infancia del Congreso la crisis migratoria en Canarias y la situación de los menores

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha reunido esta mañana con los portavoces de la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso para trasladarles la crisis migratoria que viven las islas y la situación especifica de los menores no acompañados, “con la dificultad que supone atender a cerca de 6.000 niños”.

Este encuentro, en el que también participó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, y el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, fue previo a una sesión de trabajo con los representantes de las entidades que gestionan centros de menores en las islas, que pudieron detallar los problemas a los que se enfrentan para encontrar nuevos centros y contratar personal cualificado.

Tras la reunión, Alfonso Cabello agradeció a la delegación de diputados y diputadas, en la que participaba Cristina Valido como miembro de la misma, “que haya decidido visitar Canarias y comprobar, de primera mano, la situación tan compleja en la que nos encontramos, tanto en su estancia de hoy en Tenerife, como en la que realizarán mañana a El Hierro”.

Este conocimiento, “es importante a la hora de tomar una decisión cuando llegue el momento de someter a votación la propuesta de decreto planteada por el Ejecutivo canario y el vasco para repartir, de forma puntual y excepcional, a 4.000 chicos y chicas por el resto del territorio nacional”, explicó Cabello, que insistió en que las islas no pueden seguir soportando en solitario este drama humanitario, por lo que “seguimos desde el el Gobierno dando pasos para que haya una acogida corresponsable por parte de todas las comunidades autónomas”.

Centros

Canarias cuenta en la actualidad con 86 centros abiertos por todas las islas, unos 50 más que cuando empezó la legislatura. La llegada continuada de embarcaciones con menores a bordo obligó a la Comunidad Autónoma a declarar la situación de emergencia en agosto de 2024. Desde entonces, ha solicitado al Estado y a los partidos representados en la Cámara que se modifique la Ley de Extranjería. Ante las dificultades para llegar a un acuerdo en este sentido, el Ejecutivo regional, que cuenta con el aval de todo el arco parlamentario -salvo Vox-, cabildos, ayuntamientos y universidades públicas, planteó recientemente una nueva fórmula: un decreto que garantice el reparto puntual de 4.000 menores, de forma que se alivie la situación límite del sistema de acogida del archipiélago.