El Plan de Ejecución Temporal impulsará las declaraciones BIC y sus delimitaciones, para reforzar su seguridad jurídica
Acometerá la aprobación de los Catálogos Insulares y pondrá las bases del futuro Centro de Documentación patrimonial
También planificará y establecerá un acuerdo marco de colaboración para el cuidado del patrimonio religioso
El Cabildo refuerza la conservación del legado histórico insular con un Plan de Ejecución Temporal (PET) vinculado al programa de Protección del Patrimonio Cultural de Gran Canaria. La iniciativa se estructura en cinco ejes estratégicos que impulsarán las declaraciones de Bienes de Interés Cultural (BIC), la delimitación y el entorno de protección de determinados BIC ya en vigor o la aprobación del Catálogo Insular de Patrimonio Cultural y del Patrimonio Arqueológico, Etnográfico, Arquitectónico, Industrial e Inmaterial, además de sentar las bases del futuro Centro de Documentación del Patrimonio Cultural y planificar el cuidado del patrimonio religioso.
Así lo aprobó hoy el Consejo de Gobierno a propuesta del Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible que coordina Teodoro Sosa. El equipo estará integrado por profesionales de arquitectura, de Historia con especializaciones en Arqueología y en Historia del Arte, Derecho, Periodismo, Archivística y Documentación y por una persona técnica de gestión. El periodo previsto de duración del plan es de tres años con un presupuesto cercano a los 1,4 millones. Se establece la posibilidad de un año de prórroga.
El primero de los ejes da respuesta a la situación generada tras la orden de marzo de 2020 del Gobierno de Canarias que declaró la caducidad de múltiples procedimientos de declaración para los BIC, en aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró parcialmente la inconstitucionalidad de uno de los artículos de la vieja Ley de Patrimonio Histórico regional. En el caso de Gran Canaria, afectó a un total de 57 expedientes. El objetivo es diagnosticar el estado de conservación de los bienes e incoar, proponer o tramitar el instrumento de protección adecuado de conformidad con la normativa vigente.
El segundo pilar persigue reforzar la seguridad jurídica con la delimitación de los BIC y de su entorno de protección desde la perspectiva de que “no agota su dimensión en los aspectos físicos o meramente visuales”, pues “supone una interacción con el ambiente natural, prácticas sociales, costumbres, conocimientos tradicionales, usos o actividades del patrimonio cultural intangible que creación y formaron el espacio”.
El tercer eje hará posible la aprobación del Catálogo Insular de Patrimonio Cultural y del Catálogo Insular del Patrimonio Arqueológico, Etnográfico, Arquitectónico, Industrial e Inmaterial. La Ley de Patrimonio Cultural de Canarias señala que los catálogos insulares de bienes patrimoniales culturales constituyen “el instrumento de protección en el que se incluyen aquellos bienes que, sin gozar de la relevancia que define los bienes de interés cultural, ostenten valores históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, etnográficos, bibliográficos, documentales, lingüísticos, paisajísticos, industriales, científicos o técnicos o de cualquier otra naturaleza cultural, que deban ser especialmente preservados”.
Otro de sus cometidos será poner los cimientos para la creación del Centro de Documento del Patrimonio Cultural de Gran Canaria para que opere “como un archivo vivo, dinámico y centralizado que suponga los cimientos del Servicio en cuanto a organización, control, conservación y dinamización de los fondos documentales y administrativos generados, integrándose en un sistema de fuentes de información. De esta manera la documentación estará preservada y a disposición como herramienta de consulta y testimonio histórico”.
Por último, se acometerá la estructuración de una política de conservación del patrimonio religioso “planificada” y basada en un acuerdo marco entre el Cabildo y las confesiones religiosas “donde se establezcan los principios rectores de esa colaboración”. Estos acuerdos incluirán la elaboración de un Inventario del Patrimonio Religioso de Valor Cultural y otro para establecer el acceso y disfrute de la ciudadanía, así como su difusión.








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