NC-BC propondrá una solución para evitar los conflictos en el REF con el Estado y las Cortes Generales

Esther González avanzó que una de las medidas de NC-BC para el dictamen de la comisión de estudio sobre la revisión del REF se basará en las aportaciones realizadas por el director general de Régimen Jurídico, Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Gonzalo Díaz Millán.

La diputada canarista manifestó que el artículo 167 del Estatuto ha generado tensiones con el Estado ya que regula el informe preceptivo del Parlamento de Canarias cuando se modifica el REF a propuesta del Gobierno estatal o del Congreso de los Diputados.

González afirmó que no existen problemas cuando el informe es favorable. Sólo se requiere que sea aprobado por las dos terceras partes de los miembros del Parlamento de Canarias.

La controversia, añadió, se produce cuando es desfavorable, lo que obliga a reunir a la Comisión Bilateral de Cooperación integrada por miembros de los gobiernos del Estado y Canarias. Si transcurridos dos meses desde el inicio de las negociaciones entre ambos ejecutivos no se han resuelto las discrepancias, según Esther González, se retoma la tramitación de la iniciativa legislativa.

Algunos juristas consideran que el 167.2 podría ser inconstitucional, ya que interfiere en la tramitación parlamentaria de las Cortes Generales, lo que consideran es competencia exclusiva de los reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, relató la portavoz canarista.  

Además, en opinión de la parlamentaria de NC-BC, el 167.2 detiene “por completo” la tramitación de una ley si afecta, en alguno de sus artículos, al Régimen Económico y Fiscal. A modo de ejemplo, refirió la ley de los presupuestos del Estado que, de contener un cambio de los fueros canarios, quedaría paralizada su tramitación. Para González es “excesivo”.  

Por estos motivos, González defendió la necesidad de flexibilizar el citado artículo con una nueva redacción que clarifique la interpretación del mismo. Para la diputada de NC-BC, la vía más conveniente sería la aprobación, por unanimidad, en el Parlamento de Canarias de una proposición de ley para ser elevada a las Cortes Generales.