Dependencia en Canarias: el mismo perro con distinto collar

Con el nuevo decreto llega, una vez más, la promesa —hasta ahora incumplida— de
reconocimiento y asignación de recursos en un plazo de seis meses, tal como establece la Ley. Con
ello se supone que también, el reconocimiento y el derecho a acceder en tiempo y forma a plazas
en centros de día, en centros ocupacionales o incluso plazas te atención residencial cuando no sea
posible seguir cuidando en casa a nuestros seres queridos.

Suena bien, ¿verdad? Esperanzador, justo, necesario. Pero, lamentablemente, profundamente
irreal.

Este nuevo decreto no aborda los problemas estructurales que arrastra el sistema de atención a la
dependencia en Canarias. Todos sabemos cuál es el núcleo del problema: una insuficiente dotación
presupuestaria, la escasez de personal estructural, más de una década de mala gestión en el área y
el rotundo fracaso de dos Planes de Infraestructura Sociosanitaria.

Entonces, ¿qué trae de nuevo este decreto? Poco, salvo una única promesa mínimamente
realizable: unificar en una sola visita las dos fases del procedimiento —el reconocimiento del
grado de dependencia y la asignación del recurso más adecuado—, con la supuesta participación
activa de la persona solicitante. Pero incluso esta medida está por ver.

El éxito de esa primera visita dependerá en gran medida de la formación, pericia y sensibilidad de
los profesionales encargados de detectar la realidad diaria del solicitante: su entorno familiar (ya
sea de sobreprotección, aislamiento o incluso maltrato), su salud física, cognitiva y mental, los
procesos de recuperación en curso o los episodios/brotes que aún padece, entre muchos otros.
En cuanto a la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), el proceso ha quedado en
un trámite sin alma: una casilla en una lista de espera debido a la escasez de recursos o, en el mejor
de los casos, la asignación de una prestación económica precaria que delega en la familia lo que
debería ser una responsabilidad pública. No hay por tanto un trabajo centrado en la persona, está
centrado y adaptado a las miserias del sistema.

La gran apuesta del Gobierno es la externalización. Se favorece el recurso privado mediante
prestaciones económicas vinculadas, enriqueciendo así a unos pocos con dinero público y sin
mecanismos de control o supervisión reales. Algunos dirán que esa función la cumple el servicio
de acreditación e inspección de centros, pero la realidad es otra: falta personal, no existen
directrices claras y la descoordinación es la norma. Aun así, hay que reconocer la labor encomiable
de los técnicos del área, que hacen lo que pueden con lo que tienen.

El informe elaborado por la Diputación del Común en 2019 ya alertaba de muchas de estas
carencias. Y la respuesta de algunas empresas implicadas fue, sencillamente, nula, a pesar de tener
la obligación legal de colaborar. ¿Dónde están las competencias para fiscalizar estas actuaciones?
¿Quién asume la responsabilidad por la desidia, la incompetencia y la mala gestión que afectan
directamente a la salud —y en algunos casos a la vida— de las personas dependientes?
No todo vale, señora Consejera.

Este decreto no supone ningún avance real. Es, simplemente, "el mismo perro con distinto collar".
La soberbia del equipo responsable del área les impide ver más allá, y no atienden a quienes llevan
18 años escuchando a familias, viendo errores repetirse y también experiencias de mejora cuando
hubo voluntad política y capacidad de gestión.

Debemos dejar de compararnos con otras comunidades autónomas, especialmente cuando no
invertimos lo mismo ni enfrentamos las mismas realidades sociales, demográficas y geográficas.
Lo que sí debemos hacer es reconocer a quienes, con verdadera vocación y entrega, han sostenido
este pilar esencial del bienestar social, incluso en medio de la desmotivación, el autoritarismo y la
indiferencia institucional.

Sí, necesitamos un nuevo marco normativo que responda a las nuevas realidades. Pero este debe
construirse desde el compromiso, la responsabilidad, la cooperación interadministrativa y la
financiación suficiente. Y, sobre todo, desde el respeto a todas las personas y colectivos que
trabajan para cuidar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Porque no se trata solo de
redactar normas: se trata de dignidad, de justicia social y de humanidad.

Yolanda Cívicos Santana
Trabajadora Social
Valoradora Servicio de Dependencia
Portavoz de Intersindical Canaria