Desmantelan el poblado de Cueva Laya en Bahía de Formas, Santa Lucía

Santa Lucía de Tirajana vive un momento delicado. En la zona conocida como Cueva Laya, en la bajada hacia Bahía de Formas, se ha procedido recientemente al desalojo de una extensa ocupación informal que llevaba años creciendo con infraviviendas precarias.

Las fuerzas de seguridad —Guardia Civil, Policía Local y Nacional—, junto a técnicos municipales de Urbanismo, Servicios Sociales y Extranjería, iniciaron una operación bajo mandato judicial para poner fin al asentamiento. El operativo culminó con el cierre y precinto de más del 80 % de los solares ocupados, afectando a más de 130 parcelas con edificaciones no aptas para el uso residencial. Más de 200 familias residentes en el lugar, muchas de ellas migrantes en situación irregular, fueron identificadas y recibieron citaciones para presentarse ante el SEPRONA en Vecindario para regularizar su situación.

A pesar de la intervención policial, muchas de estas personas permanecen en una situación de gran incertidumbre. Algunas familias denunciaron vivir allí ante la imposibilidad de acceder a vivienda formal: sin trabajo estable ni contratos de alquiler, habían encontrado en el asentamiento una opción para tener un techo—aunque fuera precario— en un contexto de grave crisis habitacional y precios inaccesibles.

El desalojo, además, se ve acompañado de riesgos palpables. En marzo pasado, un incendio originado por residuos y jaulas en la zona dejó a varias personas y animales en peligro, poniendo de manifiesto la precariedad e insalubridad de las condiciones de vida en ese lugar.

Ante esta situación, la Diputación del Común ha decidido intervenir para mediar. Sin que mediantes lo solicitaran, la institución ha convocado una reunión con los ocupantes para el próximo 5 de septiembre. Se ha conformado un equipo mediador liderado por la adjunta de Igualdad, junto a una abogada y una mediadora, con el objetivo de estudiar cada caso y explorar posibles soluciones habitacionales de urgencia, al tiempo que se discuten medidas de fondo para abordar la crisis de vivienda.

Desde la Diputación insisten en que el problema no es solo la actuación policial, sino la ausencia de alternativas dignas. “No se puede desalojar a familias que llevan años viviendo allí sin haber previsto una alternativa”, señalan en la institución, reclamando una mesa conjunta con Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno regional para articular respuestas integrales y estructurales.

Este desalojo en Cueva Laya evidencia una realidad compleja: la confrontación entre el derecho a la vivienda digna y el cumplimiento de la legalidad urbanística. La clave ahora será hallar respuestas que aúnen protección social, legalidad y dignidad para quienes han quedado a la intemperie en medio de esta crisis.