La autoridad judicial de guardia en San Bartolomé de Tirajana ha ordenado el ingreso en prisión preventiva sin fianza de 17 personas que viajaban en el cayuco rescatado a finales de agosto frente a las costas de Canarias. Se les investiga por delitos graves como favorecimiento de la inmigración ilegal, lesiones y delitos contra la vida, incluyendo posibles homicidios, en una causa todavía en fase inicial de instrucción.
El dramático suceso comenzó cuando la embarcación fue avistada el 24 de agosto, a 429 kilómetros de Canarias, con el motor averiado y a la deriva en aguas internacionales. La guardamar Urania, coordinada por Salvamento Marítimo, rescató a 236 personas, entre ellas varios niños y bebés, quienes habían sobrevivido tras días de extrema vulnerabilidad en el océano.
Los testigos, acogidos como supervivientes protegidos, aportaron relatos estremecedores sobre la travesía: además de la muerte de muchas personas por deshidratación y hambre, se relatan episodios de violencia extrema. Varios migrantes fueron atados, golpeados y lanzados vivos al mar, en lo que algunos describen como linchamientos motivados por acusaciones de brujería. Se sospecha que, ante la falta de agua, comida y con la tensión creciendo, se desató una ola de pánico y brutalidad entre los ocupantes.
De los más de 300 que partieron del continente africano, solo 251 llegaron con vida al puerto de Arguineguín. Las cifras provisionales estiman que el número de fallecidos podría superar los 70, lo que convertiría a este cayuco en una de las tragedias más mortíferas registradas en la ruta migratoria hacia Canarias.
Hoy, los 17 detenidos —16 senegaleses y 1 gambiano— enfrentan cargos que podrían agravarse a medida que avance la investigación, incluyendo delitos de homicidio doloso o asesinato, según las valoraciones judiciales basadas en los testimonios recibidos.
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