NC-BC mantiene que un programa de incentivos y financiación pública permitirá poner en alquiler muchas residencias desocupadas en tiempo récord
La parlamentaria cree que plantear expropiaciones, que exigen cambios de leyes estatales que escapan a la competencia de Canarias, es un “brindis al sol”
La portavoz parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en políticas de vivienda, Carmen Hernández, denunció hoy que el Gobierno presidido por Fernando Clavijo “no actúa” con diligencia para afrontar la profunda crisis habitacional de la comunidad. Hernández sostuvo que se pueden movilizar miles de viviendas vacías en pocos meses con un programa de incentivos y financiación, lo que permitirá poner en el mercado del alquiler inmuebles en tiempo récord. La diputada nacionalista progresista declaró que, “mientras el Ejecutivo de las dos derechas canarias no aplica medidas efectivas para resolver la crisis de la vivienda, rechaza nuestras propuestas, como el Programa Canario de Alquiler Seguro, solo por ser iniciativa de Nueva Canarias, sin valorar que es una medida viable y de aplicación inmediata.”
Carmen Hernández criticó las recientes iniciativas anunciadas por el jefe del Ejecutivo para dotar a los ayuntamientos de competencias para expropiar viviendas vacías o aplicar sanciones fiscales al afirmar que son un “brindis al sol”.
Es además un planteamiento, denunció la portavoz canarista, que “no aborda la urgencia para que las familias y jóvenes encuentren una residencia accesible hoy, ni garantiza que una parte de los centenares de miles de inmuebles vacíos existentes en las islas se pongan a disposición de quienes los necesitan”, advirtió NC-BC.
Cuestionó que Clavijo “se limite a hablar” de proyectos legislativos y reformas estructurales que tienen que ser aprobadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, previo acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y antes con las federaciones de municipios y de islas de Canarias, Fecam y Fecai, respectivamente.
Reprochó al presidente que “no concentre todos sus esfuerzos en acciones de emergencia que permitan aumentar la oferta de vivienda asequible de manera inmediata”.
El Gobierno “bien podría escuchar” la propuesta del grupo nacionalista progresista, subrayó Carmen Hernández, para poner en marcha un programa de incentivos, como el contemplado en el Programa Canario de Alquiler Seguro, que “le ofrecimos y rechazó sin tan siquiera ver su viabilidad, solo por ser” de NC-Bloque Canarista.
Convertido el Ejecutivo en aval para los propietarios de inmuebles sin ocupar que quieren alquilar y financiar un 50 por ciento del arrendamiento como se plantea en el Programa Canario de Alquiler Seguro, permitirá devolver al mercado cientos o miles de viviendas en muy pocos meses, remarcó Carmen Hernández. Con unos 20 millones de euros de ficha financiera inicial y la aprobación de un decreto ley urgente, insistió en que se pueden ofrecer viviendas a precio de mercado, o un poco inferior, en unos meses.
“Es una medida de efecto inmediato que daría una respuesta”. También se reafirmó en la aplicación de medidas fiscales a grandes tenedores, fondos buitres y grandes inmobiliarias que mantengan inmuebles vacíos de forma injustificada.
Estas iniciativas de NC-BC, según Carmen Hernández, van orientadas a aumentar la oferta de vivienda asequible, especialmente para las familias más vulnerables y los jóvenes. Sin embargo, el gabinete de Clavijo, a pesar de tener plenas competencias, se dedica a lanzar medidas “inviables en lugar de soluciones efectivas para las canarias y los canarios”.
Todas, además, como denunció, trasladan la responsabilidad a los ayuntamientos. La primera excusa, recordó, fue que “no había vivienda disponible porque los ayuntamientos no liberaban suelo”, lo que motivó la propuesta de liberalización del territorio incluído en el decreto de emergencia habitacional.
Meses después, añadió la portavoz nacionalista, CC se centró en el “supuesto” problema de las licencias de obra, en trámite en el Parlamento en este momento. Ahora, “para rematar, intentan trasladar a los ayuntamientos la responsabilidad de una competencia que es estrictamente gubernamental, sugiriendo que podrían expropiar viviendas”, explicó Carmen Hernández.
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