NC denuncia que el Gobierno de Clavijo “aparenta” gestión mientras “crece” la emergencia habitacional

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) denunció hoy que el Gobierno presidido por Fernando Clavijo se limita a “aparentar” gestión en vivienda mientras crece sin parar la emergencia habitacional en el Archipiélago. La portavoz parlamentaria en la materia de NC-BC, Carmen Hernández, criticó a los socios de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) por negarse a poner un tope al alquiler en Las Palmas de Gran Canaria, una de las zonas urbanas más tensionadas de Canarias y a pesar de la solicitud justificada realizada por el Ayuntamiento hace más de un año. Acusó a las dos derechas de priorizar la especulación sobre los derechos de la ciudadanía canaria, ignorar medidas de eficacia inmediata y dejar crecer una lista de espera, que se aproxima ya a los 30.000 demandantes.

La parlamentaria del grupo nacionalista progresista mantuvo a las dos derechas canarias gobernantes de “dar la espalda” a la emergencia habitacional y de “mantener una apariencia de gestión sin soluciones reales” para las canarias y los canarios.

Un Gobierno que rechaza hacer frente a la emergencia habitacional, según Carmen Hernández, es un Ejecutivo negligente. Hernández detalló cuatro grandes déficits de la acción del gabinete de Clavijo.

“No se adoptan medidas eficaces de manera inmediata”, a pesar de la “evidencia de que los problemas crecen”, citó la diputada de NC-BC las listas de espera más largas, los precios para el alquiler y la compra descontrolados y un relevante déficit de vivienda pública.

CC y el PP, añadió, ha optado por la especulación inmobiliaria o incentivar a los grandes inversores, en lugar de “proteger directamente a las familias que más lo necesitan”. Las derechas gobernantes, criticó Hernández, “ignoran” propuestas que “ya han demostrado eficacia” en otras comunidades, como el Programa de Alquiler Seguro, la declaración de zonas tensionadas o el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo, todas ofertadas por NC-BC en el Parlamento y rechazadas por los grupos que sostienen al Ejecutivo canario (CC, el PP, la ASH y la AHI).

Para la portavoz canarista, se comete una evidente negligencia en la gestión de los recursos existentes ya que los socios del pacto conservador “no movilizan” una proporción de las 211.000 residencias desocupadas existentes en las islas ni agilizan suficientemente la entrega de viviendas públicas.

Recordó que la lista de demandantes se aproxima a las 30.000 personas, lo que a su juicio demuestra que “no se están dando respuestas a la altura de la emergencia social” existente.

Se mostró muy crítica con el comportamiento del Ejecutivo de Clavijo que “saca pecho cuando entrega viviendas” del plan puesto en marcha en la pasada legislatura, con unos 600 millones de euros de ficha financiera, pero elude sus responsabilidades “cuando no resuelve y las familias siguen esperando medidas resolutorias”.

Denunció que no se limita el precio de los alquileres ni se aborda la escasez de residencias asequibles, y “lo único que se le ocurre” a CC y el PP es apostar por la especulación mediante la liberalización del suelo y de las licencias de obra, así como por impulsar el uso de la Reserva de Inversiones (RIC).

La parlamentaria de NC-Bloque Canarista indicó tres medidas de aplicación inmediata. Se trata de un programa de alquiler seguro que incentive a los propietarios a sacar al mercado el inmueble vacío. El reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda por medio de una reforma de la ley sectorial canaria que permitirá a la ciudadanía reclamar una compensación económica por no tener acceso a ese derecho constitucional.

La tercera, prosiguió, la declaración de zonas tensionadas para contener el aumento desproporcionado del precio de los arrendamientos. En dos años de CC y el PP al frente del Gobierno, “ni una sola de las peticiones” realizadas por diversos ayuntamientos “han sido respondidas”, censuró la portavoz de Nueva Canarias.

A modo de ejemplo, recordó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una de las áreas urbanas más tensionadas del Archipiélago, solicitó al Ejecutivo canario hace más de un año que se pusiera un límite al precio de los arrendamientos mediante la declaración de zona tensionada con los informes justificativos exigidos por la normativa estatal.

Estas tres propuestas son acciones “inmediatas y de eficacia comprobada que el Ejecutivo de Clavijo puede aplicar, pero prefiere mirar para otro lado mientras el problema sigue agravándose”, recriminó Carmen Hernández.