El Consejo Insular de Solidaridad de Gran Canaria desarrolla este año 140 proyectos en 30 países empobrecidos a través de 70 ONG

El Consejo Insular de Solidaridad de Gran Canaria ya ha ejecutado el 95% del presupuesto que tenía asignado para este 2025, en el que ha podido desarrollar alrededor de 140 proyectos humanitarios en 30 países empobrecidos, a través de 70 organizaciones no gubernamentales (ONG) de la Isla. Así lo transmitió el consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, en la reunión que mantuvo este martes el Órgano, del que forman parte la propia Corporación insular junto a ONG, fundaciones, sindicatos, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ayuntamientos grancanarios.


También acudió a la cita el presidente del Cabildo, Antonio Morales, quien agradeció la labor del sector social y subrayó la importancia de la colaboración entre el Gobierno de la isla y el conjunto de colectivos y entidades en favor de la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo.


Tal y como subrayó Ramírez, “el Cabildo de Gran Canaria ha destinado en este ejercicio en torno al 1% de su presupuesto a cubrir los objetivos que persigue el Consejo”, en su tarea de coordinar las políticas grancanarias en materia de solidaridad y cooperación al desarrollo, así como las acciones de sensibilización y concienciación que desarrollan las distintas organizaciones que lo integran. Y con esas premisas, sus integrantes ratificaron una vez más su firme compromiso de continuar con la línea de apoyo y solidaridad que se viene manteniendo hace años.


Asimismo, en la sesión se facilitó información detallada de los fondos que se destinarán durante el próximo 2026 a estas acciones. A este respecto, el consejero expuso que, “en una fase inicial, destinaremos el 0,7% del Presupuesto del Cabildo y, a lo largo del año, ese porcentaje se irá incrementando. De este modo, en el próximo ejercicio, desarrollaremos en 30 países, a través de las ONG, una serie de operaciones en materia de cooperación humanitaria, de servicios públicos y de servicios esenciales para todas y todos sus habitantes”, concluyó.


Contra el genocidio del pueblo palestino a manos de Israel

En el mismo encuentro, el Consejo aprobó una declaración para exigir justicia y paz para Palestina y proclamar su rechazo al genocidio que perpetra Israel contra el pueblo palestino en Gaza, además de reclamar a los gobiernos del planeta que actúen ante estos hechos y que, entre otras medidas, rompan sus relaciones con el Gobierno israelí en todos los ámbitos y que le pidan responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo.


Porque, en palabras de Carmelo Ramírez, estamos ante una “masacre brutal que se viene realizando con el objetivo de exterminar a la población y desalojarla de los territorios palestinos”, sostuvo. “Seguiremos manteniendo todas las acciones solidarias a nivel de la opinión pública y la presión a los gobiernos de Europa, para que ejerzan el boicot económico, social y cultural al Gobierno israelí, porque es intolerable lo que se está perpetrando”, afirmó, para acabar incidiendo en que “lo que ahora mismo se está negociando no es un plan de paz, es un ultimátum de Donald Trump y de Netanyahu al pueblo palestino. Se ha negociado sin la participación del pueblo palestino y, simplemente, es una resolución para seguir consolidando la política de Israel en todo el territorio”.


Con esas certezas, el Órgano hace patente en el documento su “inmenso dolor ante los bombardeos y asesinatos masivos, las encarcelaciones arbitrarias, la continua usurpación de tierras , la destrucción sistemática de todo tipo de infraestructuras indispensables para la vida, el derribo de edificios de viviendas, escuelas, hospitales o universidades, y el uso del hambre y la sed como arma de guerra para masacrar a todo un pueblo, robando para siempre la infancia a las niñas y niños que puedan sobrevivir a esta barbarie”.


Del mismo modo, r echaza “la impunidad con la que los sucesivos gobiernos israelíes vienen actuando desde hace décadas”, incumpliendo las resoluciones de la ONU; las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia, que declara que la ocupación israelí de territorios palestinos es una violación flagrante del Derecho Internacional; el resultado de los informes de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, que aseguran que Israel ha cometido el delito de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, y el dictamen provisional de la Corte Internacional de Justicia del 26 de enero de 2024.


En la misma línea, pone de manifiesto su decepción por la escasa reacción oficial que muestran los gobiernos, especialmente los que forman parte de la Unión Europea, con una inacción que “se ha manifestado especialmente tras la iniciativa de las flotillas humanitarias con rumbo a Gaza y las consecuencias para sus participantes, demostrando una vez más la impunidad con la que actúa el Gobierno israelí al quebrantar las leyes internacionales”, recalca.


Y, ante todo ello, expresa su compromiso responsable para no colaborar con los gobiernos, instituciones o empresas que financian y apoyan el objetivo israelí con respecto a la población palestina, y proclama su deseo de mantener la esperanza y de unirse a las voces de quienes “exigen justicia y deciden no ser cómplices de esta brutal vulneración de los Derechos Humanos”.


Por otra parte, el Consejo, que no duda en mostrar su agradecimiento a las instituciones que, como el Cabildo de Gran Canaria, han dado pasos adelante en el camino de su responsabilidad solidaria, insta a los gobiernos de la comunidad internacional a poner fin al comercio, la compra, la venta o el tránsito de armas, de tecnología militar y de seguridad, y que rompan sus relaciones diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel.


Les conmina, además, a pedirle responsabilidades por sus crímenes de lesa humanidad y a apoyar la demanda presentada en la Corte Internacional de Justicia contra el Gobierno de Netanyahu por genocidio, y sumarse así a los esfuerzos del Tribunal Penal Internacional para juzgar a líderes israelíes por crímenes de guerra y de lesa humanidad.


Y, finalmente, les requiere que pongan fin a la persecución y a la criminalización de la solidaridad con Palestina, y la derogación de la ‘Ley mordaza’