El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital canaria ha tomado declaración hoy al investigado por la agresión ocurrida en enero en las inmediaciones de las calles Rafael Cabrera / Miguel de Cervantes / plaza Stagno. Se le acusa de un delito de lesiones, cuya gravedad aún no está determinada, debido a que la persona agredida no ha comparecido ni en sede policial ni ante la autoridad judicial, y no ha presentado denuncia ni informado del alcance de sus lesiones. Según fuentes judiciales, el ahora detenido ha quedado en libertad provisional.
Aunque la agresión ocurrió en enero, la causa fue asumida inicialmente por el Juzgado de Guardía (Instrucción 3) y luego se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 8, que estaba de guardia en el momento en que se denunciaron los hechos.
En paralelo, la Policía Autonómica ha difundido una nota de prensa informando sobre la detención de otro investigado, que compareció hoy ante el mismo juzgado. En ese caso, la autoridad judicial ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza por delitos de naturaleza sexual relacionados con menores.
Según el auto judicial, el magistrado Tomás Martín Rodríguez, en funciones del Juzgado 3, ha establecido los hechos probados basándose en evidencias digitales y materiales obtenidos en la investigación:
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Existencia de grabaciones de vídeo en las que el investigado mantiene relaciones sexuales con una menor en situación de inconsciencia.
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Imágenes que muestran al detenido junto a dos menores en contextos de corrupción, posiblemente con consumo de alcohol.
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Conversaciones que reflejan conocimiento del hecho de que la menor TP02-24 estaba bajo tutela de educadoras, descartando desconocimiento de su edad.
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Material digital que apunta a un patrón delictivo reiterado con otras jóvenes de aspecto juvenil.
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Los hechos constituyen delitos continuados contra la libertad e indemnidad sexual de menores.
El auto cita los fundamentos jurídicos por los que se acuerda la prisión provisional: riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva. Se considera que las medidas alternativas —como retirada de pasaporte o comparecencias periódicas— serían insuficientes para garantizar la integridad del proceso y la protección de posibles víctimas.
La imputación y medidas adoptadas contrastan con el caso de la agresión en Rafael Cabrera, donde la falta de colaboración o de denuncia por parte de la víctima limita el avance del procedimiento. En aquel episodio, medios locales difundieron imágenes de la agresión en redes sociales, donde se veían varios individuos agrediendo al hombre caído en la calle, mientras testigos intentaban intervenir.
Este conjunto de hechos judiciales refleja la complejidad que supone investigar agresiones cuando no hay una víctima que declare o colabore, frente a casos sexuales donde las evidencias digitales permiten una instrucción más contundente y la adopción de medidas cautelares severas.
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