El Cabildo requiere al Club de Golf de Las Palmas que acredite la propiedad de la Casa de Bandama para resolver su concesión

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, ha acordado requerir al Real Club de Golf de Las Palmas que acredite documentalmente la propiedad de la Casa Club del Campo de Golf de Bandama, construida sobre una finca de titularidad insular, en cumplimiento del Acuerdo Plenario de 28 de diciembre de 1955.

Según el requerimiento, el Club dispone de un plazo de tres meses desde la notificación para presentar la documentación necesaria que demuestre la titularidad del inmueble, tal como se establece en la cláusula sexta del acuerdo original entre ambas partes, en la que se preveía que, tras cincuenta años de uso, las construcciones revertirían automáticamente al patrimonio del Cabildo Insular salvo que se acreditara su propiedad por parte del Club.

El expediente, elaborado por el Servicio de Patrimonio y validado por la Asesoría Jurídica, se apoya en la información catastral y registral correspondiente a la finca número 5.974 del Registro de la Propiedad de Santa Brígida, sobre la que se asienta el edificio de la Casa Club, con una superficie de 2.500 metros cuadrados.

El acuerdo del Consejo de Gobierno marca así el inicio de un proceso administrativo para determinar la titularidad definitiva de la Casa Club y regularizar la situación jurídica del inmueble. En caso de que el Real Club de Golf de Las Palmas acredite de forma fehaciente la propiedad del edificio, el Cabildo podrá estudiar la concesión administrativa correspondiente, en los términos que determine la normativa patrimonial vigente.

Mientras tanto, el Club seguirá ostentando la posesión en precario del Campo de Golf de Bandama, conforme al acuerdo adoptado el 22 de mayo de 2015, que permite su mantenimiento y uso hasta que se formalice una nueva adjudicación o concesión.

Este paso se enmarca en la política del Cabildo de Gran Canaria de garantizar la adecuada gestión y protección de su patrimonio público, asegurando la transparencia, la seguridad jurídica y la correcta utilización de los bienes insulares.