El Consejo de Gobierno Insular dice ‘Sí’ a contratar personal para desarrollar proyectos de mejora de infraestructuras de regadío

El Consejo de Gobierno Insular aprobó este lunes, a instancia de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria, con Miguel Hidalgo al frente, el Programa de Ejecución Temporal con el que se dotará del personal necesario al Servicio de Infraestructura Rural, para el desarrollo de los proyectos incluidos en el convenio de colaboración que une al Gobierno insular con el Ejecutivo autonómico, con el objetivo de atender y dar solución a los efectos de la sequía en Gran Canaria mediante la ejecución de acciones que mejorarán y consolidarán infraestructuras de regadío en la Isla, con una inversión global de 1.796.000 euros.

De hecho, y con ese fin, el órgano ha autorizado a la Consejería de Administración Pública y Transparencia a proceder al llamamiento y nombramiento de dos ingenieros técnicos agrícolas y dos delineantes, que serán contratados por un período de 30 meses, prorrogable por otros seis meses más, dentro de los cuales deberán llevarse a cabo las obras programadas en el convenio de colaboración y en las posibles adendas que se suscriban.

Es preciso recordar que el acuerdo firmado entre ambas instituciones busca dar respuesta al diagnóstico global de la situación de la agricultura y del regadío en Gran Canaria, en el que se hace patente la existencia de una situación de riesgo crítico de desabastecimiento de agua en el sector agrícola. Además, el convenio reconoce la experiencia positiva de los resultados de anteriores pactos de colaboración suscritos para la ejecución de actuaciones en materia de infraestructuras de regadíos, dado que han permitido crear un marco de cooperación y coordinación que ha redundado en una mayor eficiencia de las inversiones realizadas.

Con esas premisas, y de forma más detallada, hay que recordar que en el citado acuerdo interinstitucional se estipula que se acometerán 12 actuaciones en once términos municipales: Agaete, Artenara, Gáldar, Moya, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana, Santa María de Guía, Telde, Teror, Valsequillo y la Vega de San Mateo.

En lo que respecta a la financiación de este conjunto de obras, el convenio señala que el Gobierno autonómico se hace cargo de aportar los fondos necesarios, a través de la subvención que concede al Cabildo de los ya citados 1.796.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria “Mejora de infraestructuras de regadío de interés regional”, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2024.

Así, ese capital se distribuye de la siguiente manera: a la segunda fase de la red de riego de la Vega de San Mateo se le asignan 860.000 euros; a la red de riego de Las Mimbreras (Santa Brígida), 150.000 euros; a la de Barranco Hondo (Artenara, Gáldar y Santa María de Guía), 145.000 euros; y a la ampliación de la de El Frontón, en Cabo Verde (Moya), 110.000 euros más. Asimismo, la ampliación de la red de distribución en la zona de Anzo (Gáldar) cuenta con 55.000 euros; la red de riego de La Breña (Telde), con 50.000 euros; la del Valle de Agaete (Agaete), con 40.000 euros; la de Rosiana (Santa Lucía de Tirajana), con 36.000 euros; y la red de conducción de agua de riego de Teror, con otros 30.000 euros.

Del mismo modo, se consignan 140.000 euros para las actuaciones a ejecutar en la Presa de La Sorrueda (Santa Lucía de Tirajana); 120.000 euros más para la impulsión con fotovoltaicas en Las Mesetas (Telde); y 60.000 euros para la adecuación de la Balsa La Montaña (Valsequillo).

Por su parte, el acuerdo indica que el Cabildo de Gran Canaria se encargará de la elaboración de los proyectos técnicos, la adjudicación, la dirección de obra, la coordinación de seguridad y salud, y la ejecución de las actuaciones. Además, deberá aportar la cofinanciación necesaria para esa ejecución, si el coste fuese superior a la cuantía consignada, o proceder a la devolución del exceso obtenido, con el interés de demora correspondiente, si el coste fuese inferior.

Por último, cabe recalcar que el plazo de vigencia del convenio finaliza el 31 de diciembre de 2026, aunque, antes de su término, las partes podrán acordar una prórroga de un máximo de cuatro años adicionales.