La legalidad inmoral del alquiler en Canarias

En Canarias, acceder a una vivienda se ha convertido en una pesadilla para miles de familias que, año tras año, ven cómo sus derechos son vulnerados por el mercado del alquiler. La situación que vivimos hoy no es solo insostenible: es una forma encubierta de extorsión.

Grandes y medianos tenedores, muchos de ellos fondos de inversión y sociedades inmobiliarias con intereses turísticos, actúan con la impunidad de quienes saben que la moralidad no conlleva sanciones. A partir de enero de 2026, numerosos inquilinos ya han recibido notificaciones anunciando subidas de hasta 500 euros mensuales. No se trata de una exageración, sino de una realidad que amenaza la estabilidad de cientos de hogares.

Lo más grave es que, aunque estas prácticas resultan inmorales, no son ilegales. Un vacío normativo permite que el abuso se normalice, que la especulación se imponga y que la ciudadanía se vea obligada a pagar precios imposibles solo por mantener un techo. Mientras tanto, el Gobierno de Canarias permanece pasivo, eludiendo su obligación política y moral de proteger a la población frente a estas prácticas abusivas.

En ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arrecife, Corralejo o Puerto del Carmen, la situación ha alcanzado niveles críticos. Los alquileres se disparan y se utilizan como herramienta de presión sobre los arrendatarios. Familias enteras se ven forzadas a aceptar incrementos desorbitados bajo la amenaza de no renovación del contrato o de un desahucio encubierto.

Esta realidad afecta especialmente a las personas mayores, a los jóvenes que buscan emanciparse y a las familias con ingresos medios, para quienes un aumento de 300 o 500 euros al mes puede marcar la diferencia entre conservar su hogar o perderlo.

El Gobierno de Canarias, que debería garantizar el equilibrio entre propietarios e inquilinos, ha incumplido su obligación más básica: declarar zonas tensionadas donde los alquileres se disparan. La Ley estatal por el Derecho a la Vivienda permite aplicar esta herramienta desde hace meses, pero la inacción del Ejecutivo de CC y PP ha impedido su puesta en marcha.

No es casualidad. Esta parálisis responde a una falta de voluntad política frente a los grandes intereses inmobiliarios que, con su poder económico, han convertido la vivienda en un bien exclusivo y especulativo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó hace ocho meses la declaración de zona tensionada. La respuesta del Gobierno de Fernando Clavijo ha sido el silencio. Y no es el único municipio ignorado por el Ejecutivo de las derechas canarias.

Mientras tanto, Canarias cuenta con más de 211.000 viviendas vacías, muchas de ellas propiedad de los mismos grandes tenedores que mantienen los precios en niveles prohibitivos. El contraste es indignante: familias sin hogar frente a un parque inmobiliario ocioso. No hablamos de escasez, sino de especulación deliberada.

En los últimos años, fondos internacionales han adquirido edificios enteros en nuestras ciudades, expulsando a inquilinos históricos para convertir sus viviendas en apartamentos turísticos o de lujo. Las familias que permanecen sufren intimidaciones y subidas abruptas de precio. Es una forma moderna de desahucio, una violencia económica que traiciona el espíritu de la ley y evidencia la pasividad del Gobierno autonómico. No podemos permitir que la legalidad sirva de escudo para la injusticia.

El derecho a la vivienda no puede seguir siendo un privilegio. La especulación inmobiliaria, que ha convertido los hogares en instrumentos de lucro, exige respuestas urgentes y contundentes.

Siete medidas urgentes para frenar la especulación:

1. Declarar de inmediato zonas tensionadas en los municipios más afectados, para frenar los incrementos abusivos y proteger a los inquilinos.

2. Establecer topes efectivos a los alquileres en esas zonas, con mecanismos de supervisión y sanción.

3. Movilizar las viviendas vacías, incentivando su alquiler mediante beneficios fiscales y sanciones a quienes las mantengan cerradas sin justificación.

4. Ampliar el parque público de vivienda, priorizando a jóvenes, familias monoparentales y personas mayores.

5. Garantizar seguridad jurídica a los pequeños propietarios, fomentando el alquiler responsable y asequible.

6. Crear un Observatorio Canario del Alquiler, que detecte prácticas especulativas, controle precios y proponga medidas preventivas.

7. Prohibir la conversión de viviendas residenciales en turísticas en zonas saturadas, equilibrando el desarrollo económico con el derecho a un hogar.

Estas medidas no son utópicas; son viables y dependen únicamente de voluntad política. Cada día que pasa sin aplicarlas, miles de familias pierden estabilidad, seguridad y confianza en las instituciones.

No podemos hablar de recuperación económica ni de crecimiento turístico mientras la vivienda se convierte en un lujo. Canarias no puede permitir que una generación entera destine la mayor parte de su salario al alquiler ni que continúe el éxodo silencioso de ciudadanos expulsados por los precios. La desigualdad residencial es una fractura social que amenaza nuestra cohesión.

El Gobierno de Canarias debe elegir: proteger a la ciudadanía o proteger a los especuladores. Cada día de inacción es un voto a favor de la extorsión inmobiliaria y un desprecio a los derechos de los canarios.

La ciudadanía no puede normalizar la injusticia ni resignarse al abuso. La crisis de la vivienda no es fruto de fuerzas inevitables, sino de decisiones políticas que han priorizado el beneficio privado sobre la dignidad humana.

Como diputada de Nueva Canarias–Bloque Canarista, asumo este compromiso públicamente: defenderé el derecho a la vivienda, denunciaré los abusos y exigiré políticas efectivas frente a la especulación. Canarias no puede esperar más. Cada familia que pierde su hogar es una derrota colectiva.

Esto no va solo de alquileres; va de justicia social, cohesión comunitaria y dignidad humana. No aceptaremos que la legalidad se utilice para justificar la inmoralidad. Canarias merece una política valiente y los ciudadanos merecen dormir tranquilos bajo el techo de su casa.

Esther González González, diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en el Parlamento de Canarias.