El Gobierno aprueba una ley que reduce las ratios escolares y fija un límite a la jornada lectiva del profesorado

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el anteproyecto de Ley que reducirá el número máximo de alumnos por aula y establecerá un tope legal a la jornada lectiva del profesorado no universitario, con el objetivo de mejorar la calidad educativa y garantizar la equidad entre comunidades autónomas.

La nueva norma —que modifica la Ley 4/2019— fija un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (en lugar de los 30 actuales). En los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) computará como dos plazas, una medida orientada a reforzar la atención inclusiva y personalizada.

El anteproyecto también establece una jornada lectiva semanal máxima de 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 horas en el resto de enseñanzas. De forma excepcional, y por razones organizativas, podrá llegar a 20 horas, compensadas con dos horas complementarias no lectivas por cada periodo adicional.

Según el Ministerio, la reducción de ratios y de carga lectiva “favorece una educación más individualizada, mejora el bienestar docente y refuerza la equidad del sistema educativo”. Además, la norma busca homogeneizar las condiciones laborales y académicas en todo el territorio nacional, después de que las recomendaciones de 2019 no fueran adoptadas de forma uniforme por todas las autonomías.

???? Aplicación progresiva y medidas de apoyo

El calendario de implantación prevé que las nuevas jornadas lectivas y la consideración doble del alumnado con NEE entren en vigor en el curso 2026-2027.
Las nuevas ratios comenzarán a aplicarse progresivamente:

• En Infantil y Primaria a partir del curso 2027-2028.

• En Secundaria, desde 2028-2029.

• En Bachillerato, en el 2029-2030, alcanzando la plena aplicación en el curso 2031-2032.

Paralelamente, el Ministerio trabaja junto al Instituto Nacional de Estadística (INE) en la creación de un índice de vulnerabilidad socioeconómica, que permitirá identificar centros con alta complejidad social o educativa. Este índice, basado en variables como el contexto familiar o la ubicación, servirá para dirigir recursos adicionales y políticas de refuerzo educativo.

???? Hacia una educación más equitativa

El texto, que ahora continuará su tramitación parlamentaria, refuerza el compromiso del Gobierno con la equidad, la inclusión y la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado. Según el Ministerio, estas medidas buscan garantizar “una educación más justa, adaptada al contexto social y con mejores condiciones para enseñar y aprender”.