El diputado de NC afirma que el Servicio Jurídico confirma que se vulneraron sus derechos fundamentales y hubo un intento de desacreditar su labor parlamentaria
El diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Yoné Caraballo valoró hoy el informe del Servicio Jurídico del Parlamento, emitido en relación a su solicitud de amparo tras las graves manifestaciones realizadas por el director del Servicio Canario de la Salud (SCS) del Gobierno de CC y el PP, Adasat Goya, durante la comparecencia ante la comisión de Sanidad. Caraballo afirmó que el Servicio Jurídico confirma que “se vulneraron mis derechos fundamentales y que se intentó desacreditar mi labor parlamentaria” mediante la exposición pública de información privada y sensible.
El informe jurídico concluye que las palabras del director del SCS, en las que aludió públicamente a la situación médica y a la condición de persona de riesgo de Yoné Caraballo, fueron ajenas, improcedentes e innecesarias para el debate parlamentario, y no pueden considerarse amparadas por la libertad de expresión.
Asimismo, los servicios jurídicos de la Cámara advierten de que la referencia a los motivos médicos que provocaron la baja laboral del diputado del grupo nacionalista progresista durante la pandemia fue inadecuada y carente de justificación, pudiendo afectar a su derecho al honor y a la intimidad, reconocidos constitucionalmente.
Aunque el informe indica que la Mesa del Parlamento no dispone de potestad reglamentaria para sancionar ni reprobar formalmente al director del SCS del Ejecutivo, deja constancia de que la conducta fue contraria a los principios de respeto institucional y a la protección de los datos personales.
Este informe, según Caraballo, confirma lo que ya denunció desde el primer momento, que “se vulneraron mis derechos fundamentales y que se intentó desacreditar mi labor parlamentaria mediante la exposición pública de información privada y sensible”. Nadie, y menos un alto cargo público, “puede utilizar datos de salud para atacar a un diputado en sede parlamentaria”, manifestó Caraballo.
“Lamento que el Parlamento no tenga mecanismos sancionadores en estos casos, pero continuaré defendiendo el derecho de cualquier persona, sea representante público o no, a que se respete su intimidad y dignidad”, añadió.
Yoné Caraballo ha anunciado que, una vez conocido el informe, valora elevar la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos y estudiar acciones legales complementarias para que se depuren responsabilidades por la divulgación de información personal sin consentimiento.
“Este no es un asunto personal. Es una cuestión de principios democráticos, de respeto institucional y de protección de los derechos fundamentales”, subrayó el parlamentario de NC-BC.







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