El Juzgado de Instrucción nº 2 amplía la investigación por presunta trama de corrupción en Parques y Jardines de Las Palmas de Gran Canaria

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado ampliar la investigación judicial relativa a una presunta trama de corrupción en el Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento capitalino, desarrollada —según los indicios apuntados por el Ministerio Fiscal— entre los años 2015 y 2022.
La resolución judicial, fechada según firma electrónica y dictada por el magistrado Rafael Passaro Cabrera, atiende a la solicitud presentada el 4 de noviembre de 2025 por la Fiscalía, que reclamó incorporar a la causa a dos nuevos investigados y a una empresa contratista.

Nuevos investigados: un técnico municipal, una exconcejala y una empresa adjudicataria

El auto acuerda citar como investigados a Carlos, técnico del área, y a Inmaculada Medina Montenegro, quien fuera concejala responsable durante el período analizado. Ambos deberán declarar por presuntos delitos de malversación de caudales públicos agravada, falsedad documental, prevaricación administrativa y fraude a la Administración, todo ello en fase provisional y sin perjuicio de posteriores determinaciones.

Asimismo, el juzgado incorpora como investigada a la mercantil Guerra Patrimonial FGG S.L., a la que la Fiscalía atribuye responsabilidad penal por supuestos delitos de cohecho y malversación agravada, al considerar que podría haberse beneficiado de facturación irregular vinculada a contratos de suministro de agua para parques y jardines.

Sospechas de facturación inflada y ausencia de controles técnicos

Según detalla el Ministerio Fiscal en su extenso escrito, la presunta trama habría operado mediante la manipulación de pliegos técnicos, la emisión de facturas infladas y la validación de consumos sin comprobaciones materiales, lo que habría permitido sobrecostes superiores al 70 % respecto a los consumos reales.

El fiscal sostiene que la modificación de pliegos y la ausencia de verificaciones habrían facilitado un sistema de pagos que, de confirmarse, habría supuesto un perjuicio económico al Ayuntamiento superior a 250.000 euros.
La resolución destaca un hecho considerado “de relevancia empírica”: a partir de diciembre de 2022, cuando los nuevos responsables municipales exigieron lecturas reales de contadores, la facturación descendió a niveles coherentes con los consumos registrados.

Citación de testigos y requerimientos documentales

El juzgado cita como testigos a los actuales responsables municipales que intervinieron en los expedientes a partir de 2022: Ángel Daniel, Director General de Servicios Públicos; Maximino, Jefe de Servicio; y Gemma Martínez Soliño, concejala del área.

Además, se ordena al Ayuntamiento remitir una amplia documentación sobre los contratos investigados, incluyendo miles de páginas de expedientes, facturas, certificaciones técnicas, mandamientos de pago y justificantes bancarios. La Intervención General deberá certificar la autenticidad de todos los datos.

También se oficia a la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias para que valore una posible causa de prohibición de contratar de la empresa investigada, y al notario de Los Llanos de Aridane para aportar información relativa a una operación inmobiliaria vinculada a uno de los funcionarios implicados.

Investigación en curso

El magistrado considera que los indicios reunidos —documentales, administrativos y contables— son suficientes para continuar la instrucción, sin que ello implique una conclusión anticipada sobre la responsabilidad de los investigados. El auto recuerda que las partes pueden presentar recurso de reforma en el plazo de tres días o de apelación en cinco.

La investigación continúa abierta y sujeta a nuevas diligencias para determinar la eventual existencia de responsabilidades penales y el alcance del perjuicio económico para las arcas municipales.