La Policía Nacional investiga un caso de acoso escolar en San Bartolomé de Tirajana tras la denuncia de los padres y la difusión de un vídeo en redes

La Policía Nacional ha confirmado la apertura de una investigación por un presunto caso de acoso escolar ocurrido en San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, después de que los padres del menor afectado presentaran la correspondiente denuncia en sede policial y de que un vídeo de la agresión se viralizara en redes sociales. En las imágenes, difundidas ampliamente a través de plataformas como Instagram y WhatsApp, se observa cómo un adolescente es humillado por otro menor, obligado a repetir frases vejatorias mientras recibe bofetadas y se le presiona con un cigarro encendido, según han recogido diversos medios locales y nacionales que citan fuentes oficiales.

La investigación está siendo llevada a cabo por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría local de Maspalomas, especializada en casos que afectan a menores y situaciones de vulnerabilidad. Las fuentes consultadas confirman que los implicados ya han sido identificados y que la rápida difusión del vídeo aceleró la intervención policial ante la gravedad de las imágenes y la reacción social generada, especialmente entre jóvenes que denunciaron lo ocurrido en redes sociales.

Al tratarse de un procedimiento que involucra a menores de edad, la Policía Nacional ha informado de que no realizará declaraciones públicas sobre el contenido de la investigación y que todas las diligencias practicadas serán remitidas a la Fiscalía de Menores de Las Palmas, órgano competente para valorar las posibles responsabilidades y medidas aplicables.

La viralización del vídeo ha reavivado el debate sobre el acoso escolar y la violencia entre menores, tanto en entornos educativos como en el ámbito digital. Asociaciones y especialistas consultados por medios locales señalan que este tipo de situaciones evidencian la necesidad de reforzar la prevención, la detección temprana y la colaboración entre familias, centros educativos y autoridades, para evitar la normalización de conductas agresivas y garantizar la protección de las víctimas.