El PP califica de “irrisorio” el presupuesto que el Cabido destinará a vivienda en 2026

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha calificado hoy de “irrisorio” el presupuesto que el gobierno de NC y PSOE que preside Antonio Morales destinará en 2026 a las políticas de vivienda pese a ser una de las principales preocupaciones de los grancanarios. De un montante total de 1.055,4 millones, el Consorcio de Viviendas contará con apenas 9,2 millones, lo que supone un 0,8% del total.



Para el portavoz del PP y líder de la oposición en la Corporación insular, Miguel Jorge , “se trata de una cantidad absolutamente ridícula para hacer frente al grave problema de acceso a la vivienda que existe en la isla de Gran Canaria, donde se concentra un tercio de la demanda total de vivienda pública del Archipiélago con más de 10.000 solicitudes”.



El consejero popular considera que el “raquítico” presupuesto asignado al Consorcio de Vivienda que dirige el vicepresidente socialista Augusto Hidalgo “deja bien claro cuáles son las verdaderas prioridades del gobierno de NC y PSOE, que en los más de diez años que lleva al frente del Cabildo de Gran Canaria no ha sido capaz de construir ni una sola promoción de vivienda pública”.



De los 9,2 millones previstos para el año 2026, el presupuesto del Consorcio sólo contempla una subvención de 100.000 euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para financiar una promoción pública de 240 viviendas en régimen de alquiler asequible en el barrio de Las Torres, aunque a día de hoy ni se dispone del suelo ni se ha firmado el convenio con el Consistorio; y otra de un millón al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) para cofinanciar otra promoción de 122 viviendas protegidas en Santa Lucía de Tirajana (25), Gáldar (52) y Santa María de Guía (45).



Asimismo, en el capítulo de inversiones sólo figura una partida de 5,3 millones (de los que 2,2 corren a cargo del Gobierno de Canarias) para la construcción de 63 viviendas destinadas a alquiler asequible en el barrio capitalino de Pico Viento (El Secadero), la única que está ejecutando en estos momentos el Cabildo de Gran Canaria.



Por si fuera poco, el informe económico financiero que acompaña el presupuesto 2026 del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, señala que “ dado el menor ritmo de ejecución de las obras, se estima que el gasto al que realmente se vaya a tener que hacer frente durante el 2026 será de 5.349.007,85 euros, no los 6.123.773,93 euros de gastos autorizados para el 2026 en los correspondientes gastos plurianuales”. Es decir, el Cabildo aportará casi 800.000 euros menos de los inicialmente previstos a causa de los retrasos en la ejecución de este proyecto.



Una gestión nefasta



Al margen de las cuentas presentadas para el próximo ejercicio, el Grupo Popular también denuncia la “nefasta gestión” del Consorcio en los dos últimos años, tal y como se refleja en la liquidación del ejercicio 2024, cuando se dejaron sin ejecutar casi 2,8 millones de euros, prácticamente un tercio del presupuesto.



Y según el avance de la liquidación del presente ejercicio, los dados de ejecución presupuestaria a final de año serán aún peores, sobre todo en el capítulo de inversiones, donde el nivel de gasto apenas alcanzará el 22,6%, fundamentalmente por los retrasos en las obras de la promoción de Pico Viento, en la que apenas se invirtieron 600.000 euros de los 3,3 millones previstos.



Ante esta “alarmante inacción” en política de vivienda, el Grupo Popular, como ya trasladado en distintas iniciativas y mociones en el Pleno rechazadas por el gobierno insular, tiene previsto presentar, además de una enmienda a la totalidad de las Cuentas 2026, varias enmiendas parciales para intentar mejorar e incrementar el presupuesto del Consorcio de Viviendas.



En concreto, el PP exigirá la inclusión en el Presupuesto 2026 de partidas destinadas a la puesta en marcha de una línea de ayudas al alquiler para jóvenes y familias vulnerables mediante convocatoria pública, así como la aprobación de un verdadero y ambicioso plan para la adquisición de suelo y construcción de vivienda pública en todos los municipios de Gran Canaria, y el fomento de la colaboración público privada.