La Guardia Civil, a través de su equipo especializado en protección del entorno natural (EPRONA) de la Comandancia de Las Palmas, ha culminado la segunda fase de una operación de vigilancia e investigación que ha resultado en la apertura de diligencias contra 22 personas por presuntos delitos contra la ordenación del territorio en los municipios de Haría y Tías, en la isla de Lanzarote.
En esta nueva fase, los agentes realizaron 23 inspecciones en edificaciones que serían ilegales, muchas de ellas con uso residencial o recreativo y situadas en suelo protegido donde este tipo de construcciones está expresamente prohibido. Estas actuaciones se suman a las llevadas a cabo en mayo de 2025 (primera fase), cuando se investigaron otras 20 personas tras 42 inspecciones. En total, durante 2025 la Guardia Civil ha investigado ya a 42 personas y ha inspeccionado 65 construcciones en todo el archipiélago relacionadas con este tipo de infracciones.
Los investigados se enfrentan a graves consecuencias jurídicas: penas de prisión de uno a tres años, multas de doce a veinticuatro meses, la demolición obligatoria de las obras y la obligación de restituir los terrenos a su estado original, tal como explica la Guardia Civil.
La operación se inició tras la detección por parte del EPRONA de un incremento de edificaciones con fines recreativos o residenciales en zonas medioambientalmente sensibles, lo que, advierte el cuerpo, “provoca la degradación de estos espacios, pone en riesgo la biodiversidad y afecta a la calidad de vida de las comunidades asentadas legalmente”.
Durante la investigación, el EPRONA contó con la colaboración de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y de las áreas de Urbanismo de los ayuntamientos de Haría y Tías, cuya implicación resultó clave para facilitar inspecciones, actuados de urbanismo y seguimiento de las irregularidades.
La Guardia Civil ha recordado que la realización de obras en suelo protegido sin la correspondiente autorización no solo es una infracción administrativa, sino que puede acarrear responsabilidad penal y patrimonial para quienes las promueven o ejecutan.
Con esta segunda fase, las autoridades esperan actuar de forma más disuasoria y evitar que se consoliden estos usos ilegales que, según apuntan, “no son un fenómeno aislado sino estructural” en algunos municipios de Lanzarote.
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