CC reclama una auditoría integral tras la dimisión de Inmaculada Medina y alerta de la grave crisis del pacto municipal

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha valorado la renuncia de Inmaculada Medina a su acta de concejala tras su imputación en el denominado “caso Valka”, una investigación judicial que analiza presuntas facturas infladas y pagos irregulares en el área de Parques y Jardines entre 2015 y 2022, con un perjuicio para las arcas municipales que podría superar los 400.000 euros.
 

Suárez subraya que, aunque la dimisión se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción y un auto judicial atribuyan a Medina posibles delitos de malversación agravada de caudales públicos, falsedad en documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración, “se trata de un punto de partida, no de llegada”.
 

“La renuncia de Inmaculada Medina a su acta de concejala es un paso necesario, pero no suficiente. Su dimisión llega tras su imputación por delitos muy graves en el marco del ‘caso Valka’. No basta con que abandone el cargo, exigimos que el Ayuntamiento impulse una investigación municipal rigurosa, que se auditen todos los contratos y facturas relacionadas con el área de Parques y Jardines, y que se depuren responsabilidades políticas de forma clara y transparente”, afirma Suárez.
 

El concejal nacionalista recuerda que no se trata ya de “un simple problema técnico”, sino de un presunto mecanismo continuado de desvío de fondos públicos en Parques y Jardines durante años, con facturas supuestamente infladas y pagos validados pese a la ausencia de comprobaciones, tal y como han descrito la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor.
 

“Durante días hemos escuchado a la alcaldesa refugiarse en que ‘no era el momento procesal oportuno’. Ese momento ya ha llegado y la dimisión de Medina, aun siendo lógica tras lo conocido, no puede usarse como cortafuegos para echar tierra sobre un posible expolio de dinero público. La ciudad merece saber no solo quién ha cometido estos errores, sino también cómo vamos a garantizar que no se repitan”, añade.
 

Asimismo, desde Coalición Canaria consideran “imprescindible” que esta revisión alcance también al ámbito de las responsabilidades políticas del anterior alcalde, Augusto Hidalgo, bajo cuyo mandato se desarrollaron durante ocho años los contratos y pagos ahora bajo sospecha.
 

“No hablamos solo de la actuación de una concejala, sino de un modelo de control político que permitió que estos hechos pudieran producirse; por ello, exigimos que la auditoría analice con rigor las decisiones adoptadas en ese periodo y, si se constata falta de supervisión o tolerancia con las irregularidades, se depuren también las posibles responsabilidades de quien ostentaba entonces la máxima responsabilidad en el Ayuntamiento”, agrega Suárez.


CC exige la revisión, “una por una”, de todas las facturas, contratos y expedientes vinculados al suministro de agua y a los contratos de riego y mantenimiento de zonas verdes desde 2015 hasta 2022, periodo en el que Medina tuvo responsabilidades directas en el área, extendiendo esta revisión al resto de servicios bajo su gestión política.
 

Suárez propone revisar los protocolos internos de fiscalización previa, control de facturas y comprobación de servicios efectivamente prestados en los grandes contratos de suministro y servicios, incorporando mecanismos de alerta ante incrementos anómalos de consumo o facturación.
 

Un pacto municipal en su momento más delicado

Suárez enmarca además esta crisis en un contexto político “cada vez más inestable” dentro del propio gobierno de Carolina Darias. Las declaraciones hoy mismo de la concejala de Unidas Sí Podemos, Gemma Martínez, reconociendo abiertamente la “parálisis” del Ayuntamiento y amenazando con abandonar el pacto si no se implementan cambios profundos en la gestión y en la política de vivienda, evidencian, a juicio de CC, que el proyecto de gobierno está “al límite”.

“El momento que vive el pacto municipal es muy delicado. Uno de los partidos del gobierno amenaza públicamente con marcharse si no se corrige la parálisis y si no hay una agenda valiente de vivienda. Ya no es solo la oposición quien denuncia el bloqueo, son los propios socios de Darias quienes hablan de proyecto agotado”, subraya Suárez.

 “Tenemos un gobierno salpicado por un caso de presunta corrupción muy grave, con una concejala que dimite imputada por malversación, falsedad, prevaricación y fraude; un socio como Podemos hablando de parálisis y ultimátums; y una división evidente entre Nueva Canarias y Primero Canarias a raíz de la marcha de José Eduardo Ramírez. Todo esto es la evidencia clara de un ciclo de gobierno que termina”, sostiene Suárez.