El Cabildo apuntala su apuesta por combatir la violencia machista con prevención, unión y la atención especializada a las víctimas

El Cabildo de Gran Canaria ratificó este viernes, en su sesión plenaria de noviembre, su firme voluntad de seguir impulsando acciones para el fomento de la prevención de la violencia de género, así como el desarrollo de las atenciones especializadas a cada tipo de violencia y ante las nuevas formas de violencia, como la ciberviolencia o el ciberacoso. Así lo decidieron los ‘síes’ de la mayoría de los consejeros y consejeras de la Cámara insular, frente a los ‘noes’ de los tres miembros de VOX , al secundar la moción presentada por los dos grupos que conforman el Gobierno de la Isla, Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista y Partido Socialista Canario-PSOE, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebró el pasado día 25 de este mismo mes.




En este contexto, acordó continuar trabajando en red, para que las mujeres puedan acceder a servicios en su entorno más cercano, mediante la coordinación de las acciones de los ayuntamientos con las de los servicios insulares especializados, además de mantener las políticas preventivas que ayuden a acabar de raíz con esta lacra social y trabajar en la formación continua de los profesionales de la red, para promover la especialización continua en la atención y prevención de las distintas violencias machistas.




Del mismo modo, manifestó su rechazo firme a los discursos negacionistas de las violencias de género, “que constituyen una amenaza a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, e intervenir para impedir su instauración en entornos sociales sensibles”. Y, por supuesto, también mostró su apoyo a todas las entidades sociales y profesionales especializadas que están trabajando en proyectos de prevención y atención a las víctimas de violencia de género.

Los dos partidos que defendieron esta moción recalcaron en su argumentario que el 25 de noviembre es “una fecha señalada para volver a recordar que esta lacra social sigue asesinando a mujeres, niños y niñas cada año, una violencia que se ejerce exclusivamente sobre las mujeres y sus hijos e hijas, y que supone una grave vulneración de los Derechos Humanos”.




De hecho, hicieron hincapié en que, hasta el pasado 15 de noviembre de este 2025, en España fueron asesinadas por actos de violencia de género, 38 mujeres, dos de ellas en Canarias, lo que hace que las fallecidas por esta causa ya sean 1.333 desde 2003, cuando comenzaron a registrarse estos crímenes.




De ahí que destacaron que trabajar desde las instituciones públicas para proteger la vida y el derecho a vivirla en libertad es una tarea imprescindible y obligatoria. “No podemos garantizar una sociedad justa e igualitaria, si más de la mitad de la población está en riesgo de sufrir algún tipo de violencia a lo largo de su vida”, declararon, por lo que instaron a todas las administraciones y a los colectivos sociales a unir fuerzas en aras de una convivencia igualitaria en todos los ámbitos.




Y, ante esta situación, destacaron que el Cabildo trabaja en red con los 21 municipios de la Isla, para garantizar el apoyo y la atención que necesitan las víctimas de este tipo de violencia, ya que, así, propician tanto la cercanía de los servicios que prestan como que esa atención directa pueda llevarse a cabo en el entorno de las víctimas.




Igualmente, recalcaron que a esta red se suman los servicios especializados que gestiona el Cabildo, de la mano de las entidades sociales especializadas que trabajan día a día en primera línea. Así, “la apuesta por la especialización sumada a la cercanía que aportan los ayuntamientos ha permitido que, hoy, la Isla cuente con una red con capacidad de prestar atención a una gran variedad de víctimas y sus hijos e hijas que han sufrido distintos tipos de violencia machista”, aseveraron.




Aun así, incidieron en que esa atención y ese apoyo no son suficientes, y que es preciso enfatizar este trabajo en la prevención temprana. Por tanto, concluyeron que “es un deber consolidar las dotaciones económicas suficientes para poder trabajar en este ámbito y hacerlo de la mano de las y los profesionales de la red insular, pero, también, aprovechando la profesionalidad y la experiencia de entidades y profesionales que llevan años abordando la prevención desde edades tempranas, pero también entre mujeres de los distintos municipios”.




Por la adaptación de la norma de agentes forestales y medioambientales

En la misma sesión, se secundó una segunda moción de Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista y Partido Socialista Canario-PSOE, que llevará al Cabildo a instar al Gobierno de Canarias a adaptar a la ley estatal la actual normativa autonómica relativa a los agentes forestales y medioambientales.




En este caso, los argumentos que apoyaron todos los grupos presentes en el Pleno, con la abstención de VOX, fueron defendidos por el consejero de Medio Ambiente, Energía, Clima y Conocimiento, Raúl García Brink, quien recordó que los agentes medioambientales y forestales de Canarias se rigen por dos normas fundamentales: la Ley 8/1989, de 13 de julio, de creación del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Canarias y su Reglamento, aprobado por el Decreto 133/1995, e incidió en que, desde el Decreto 111/2002, que transfirió las competencias a los cabildos insulares, estos agentes trabajan en primera línea de protección del medio natural, vigilancia, inspección, custodia de montes y de espacios protegidos, prevención de incendios y apoyo a dispositivos de Protección Civil.




“Su papel es absolutamente crucial”, subrayó García Brink, “pero el marco normativo que lo regula es incompleto, está desactualizado y es incompatible con la legislación básica aprobada por el Estado en 2024”. Es más, a este respecto, recalcó que esa Ley 4/2024, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 9 de noviembre, fija unos estándares mínimos en esta materia comunes para todas las comunidades autónomas e introduce la obligación taxativa de que las administraciones deben adaptar sus normas, en el plazo máximo de un año, desde su entrada en vigor.




Incidió, asimismo, en que Canarias ha ido aún más lejos en este ámbito, porque el Parlamento autonómico aprobó la Ley 2/2025 de 26 de junio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que incluye una disposición adicional en la que se establece que el Gobierno autonómico, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esa ley, impulsará la iniciativa normativa correspondiente, a fin de abordar una nueva regulación profesional de los agentes forestales y medioambientales, para la adaptación de la normativa autonómica a la nueva ley estatal.




“Es decir, tenemos un mandato estatal y un mandato autonómico y, sin embargo, hoy en día, la adaptación no se ha completado”, manifestó el consejero. “Y por eso, esta moción es necesaria, es rigurosamente institucional, no condiciona el contenido de la futura regulación, no invade competencias y no prejuzga debates técnicos. Simplemente afirma algo básico: que el Gobierno de Canarias debe cumplir la ley y respetar los plazos marcados por su propio Parlamento”. Por todo ello, concluyó solicitando al Pleno su apoyo, “por lealtad institucional, por cumplimiento normativo y por un compromiso con la protección ambiental de nuestra Isla”, finalizó.