San Bartolomé de Tirajana negocia con el Gobierno de Canarias permitir que propietarios de suelo turístico vivan o exploten sus viviendas de forma particular

La iniciativa municipal responde a la creciente preocupación entre pequeños propietarios que llevan años reclamando mayor flexibilidad normativa. Muchos adquirieron apartamentos o casas en áreas turísticas como Playa del Inglés o Maspalomas con la intención de usarlas como hogar, segunda residencia o alquiler personal, pero la normativa autonómica vigente limita estos usos si la vivienda está clasificada exclusivamente como alojamiento turístico.

Contexto legal y debate en Canarias

La Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias de 2013 introdujo el principio de unidad de explotación, que obliga a que todas las unidades alojativas en un complejo turístico sean gestionadas por un único operador autorizado, impidiendo que los dueños usen o exploten de forma independiente sus viviendas si no forman parte de ese sistema. Esta normativa ha generado controversia entre propietarios que sienten que se restringe su derecho a la propiedad y al uso particular de sus inmuebles. 

El debate ha continuado en 2025 con la aprobación por parte del Parlamento canario de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que busca regular con mayor precisión las viviendas vacacionales en el archipiélago. Esta ley refuerza que el uso turístico no se considera uso residencial y que solo podrá autorizarse cuando el planeamiento urbanístico municipal lo permita expresamente, con el objetivo de equilibrar la oferta turística con las necesidades de vivienda habitual. 

Además, la normativa establece que el grueso del suelo debe reservarse al uso residencial habitual —el 80 % en zonas generales y hasta el 90 % en áreas con alta presión de mercado— y fija requisitos como la antigüedad de la vivienda en uso residencial antes de poder convertirse en alojamiento turístico. 

Demandas de propietarios y presión por cambios

Organizaciones de propietarios han denunciado que la legislación actual puede implicar sanciones incluso por vivir en su propia vivienda en suelo turístico sin cederla a un operador turístico, mientras que el Gobierno autonómico argumenta que la regulación es necesaria para frenar la saturación de viviendas turísticas y proteger el acceso a la vivienda de largo plazo en un mercado tensionado. 

En este sentido, se ha planteado la posibilidad de dar mayor margen a los ayuntamientos para decidir qué areas pueden autorizar usos mixtos (residencial y turístico) o permitir que los propietarios exploten directamente sus viviendas siempre que se cumplan requisitos de calidad, sostenibilidad y convivencia con el entorno.

Un equilibrio entre turismo y derecho a la vivienda

San Bartolomé de Tirajana, uno de los municipios con mayor presión turística en Canarias, considera clave avanzar hacia un marco que compatibilice el respeto al derecho de propiedad y las legítimas expectativas de los pequeños propietarios con la obligación de proteger la calidad de vida de los residentes y la sostenibilidad urbana y turística.

Fuentes municipales han destacado que el objetivo de las conversaciones con el Gobierno de Canarias es evitar conflictos jurídicos, dar seguridad normativa a los propietarios y ofrecer soluciones que eviten sanciones o incertidumbre legal para quienes desean vivir en su propia vivienda o gestionarla de forma particular.

El avance de estas negociaciones podría suponer un cambio significativo en la manera en que se contempla el uso de viviendas en zonas turísticas en Canarias, adaptando la legislación autonómica a las realidades socioeconómicas actuales y las demandas de los ciudadanos afectados.