Continúa el desacuerdo por la tasa de AENA al transporte discrecional en Canarias

La implantación de una nueva tasa de AENA al transporte discrecional en los aeropuertos canarios sigue generando un fuerte debate entre las administraciones públicas, el sector del transporte y el propio gestor aeroportuario. Gobierno de Canarias, Federación de Empresarios del Transporte (FET) y AENA mantienen posturas enfrentadas sobre una medida que afecta de forma directa a taxis, VTC, guaguas turísticas y servicios de traslado privados.

Desde el Gobierno de Canarias se ha manifestado públicamente su preocupación por el impacto económico que esta tasa puede tener en un territorio fragmentado y altamente dependiente del turismo. El Ejecutivo autonómico considera que la aplicación de este cobro no tiene en cuenta la singularidad del archipiélago ni el papel esencial que desempeña el transporte discrecional en la movilidad de residentes y visitantes. Por ello, ha solicitado a AENA diálogo, revisión de la medida y la búsqueda de soluciones específicas para Canarias que eviten un sobrecoste que pueda repercutir en el usuario final.

Por su parte, la Federación de Empresarios del Transporte (FET) ha mostrado un rechazo frontal a la tasa, calificándola de injusta y desproporcionada. El sector denuncia que AENA pretende repercutir costes operativos sobre actividades que ya operan bajo una fuerte presión fiscal y regulatoria. La FET advierte de que esta medida podría traducirse en un encarecimiento de los servicios, pérdida de competitividad frente a otros destinos turísticos y dificultades económicas para pequeñas y medianas empresas del transporte discrecional. Además, no descartan movilizaciones o acciones legales si no se modifica la decisión.

En cambio, AENA defiende la tasa argumentando que responde a la necesidad de ordenar, regular y financiar el uso intensivo de los espacios aeroportuarios por parte de vehículos de transporte discrecional. El gestor aeroportuario sostiene que el cobro es legal, se aplica también en otros aeropuertos y tiene como objetivo mejorar la gestión del tráfico, la seguridad y la sostenibilidad de las infraestructuras, asegurando un uso equitativo de los recursos.

Mientras continúan las negociaciones y el cruce de declaraciones, el sector del transporte discrecional en Canarias permanece en alerta ante una medida que consideran lesiva para la economía local, mientras el Gobierno autonómico insiste en que seguirá defendiendo los intereses de Canarias frente a decisiones que puedan afectar a su conectividad y a su principal motor económico, el turismo.