El Cabildo rechaza el cobro que AENA impondrá a las guaguas en los aeropuertos canarios por suponer un nuevo agravio para las Islas

El Cabildo de Gran Canaria rechaza frontalmente la intención de AENA de imponer una nueva tasa a las empresas de transporte discrecional cuyas guaguas operan en los aeropuertos del Archipiélago recogiendo a las y los pasajeros que llegan a las Islas, puesto que, “con esta medida, el Estado vuelve a evidenciar su afán recaudatorio, sin mostrar ninguna voluntad de mejorar el servicio, además de someter a Canarias a un agravio comparativo y dañar sus niveles de competitividad, de provocar un impacto económico insostenible al sector y de implementar una norma que choca frontalmente con la Ley de Movilidad Sostenible y que constituye una contradicción flagrante con la sostenibilidad”.

Así de contundente se manifestó este jueves el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Gobierno de la Isla, Teodoro Sosa, al enumerar algunos de los numerosos perjuicios que tendrá para las Islas la decisión del operador público, que pretende cobrar a los vehículos por el tiempo que tienen que permanecer en el interior de los recintos aeroportuarios canarios mientras esperan a sus pasajeros y pasajeras.

Más en concreto, AENA impondrá este cobro de forma progresiva, de manera que, a partir del próximo día 15 de enero, comenzará a aplicarse en los aeropuertos de Tenerife Sur y César Manrique de Lanzarote, y más adelante, en los de Gran Canaria y Fuerteventura. En todos ellos, se instalará una barrera de acceso y un método de pago para las y los transportistas, que dispondrán de 60 minutos de estacionamiento gratuito, y en el caso de que sobrepasen ese tiempo, deberán pagar la estancia completa, a un precio similar al del parking general, que en Gran Canaria es de 3,4 euros por hora, mientras que en Tenerife Sur es de 3,3 euros; en Lanzarote, de 2,25, y en Fuerteventura, de 1,5 euros.

“Es inadmisible que un organismo público como AENA, que obtiene beneficios millonarios, busque nuevos ingresos, mientras los aeropuertos canarios tienen un déficit de infraestructuras evidente, lo que demuestra un afán recaudatorio al que no acompaña ninguna intención de mejorar los servicios que ofrece a la ciudadanía canaria y a quienes visitan nuestra tierra”, sostuvo Teodoro Sosa.

Por eso, con el fin de solucionar esta situación, el consejero manifestó que el Gobierno de la Isla reclama a AENA la puesta en marcha de las denominadas ‘bolsas reguladoras’ o áreas de espera gratuitas o de bajo coste anexas a la terminal de llegadas y en las que las guaguas aguardan, mientras se va ordenando su acceso al recinto para efectuar la recogida de sus usuarios y usuarias. Un sistema que funciona en otros destinos y que no se ofrece en las Islas, con el que, en palabras de Sosa, “se evitaría el agravio comparativo y el trato desigual para el Archipiélago y una situación que va a poner en riesgo directamente nuestros niveles de competitividad y, por supuesto, va a afectar de forma negativa a la economía del sector del transporte en la Isla”, vaticinó.

Y es que, de acuerdo con los datos de la propia patronal, el coste adicional para las empresas es muy alto, lo que se traduce en un impacto económico insostenible. “Este coste, al ser trasladado a touroperadores, encarecería los paquetes turísticos, haciéndolos menos competitivos”, valoró el consejero, “con el consiguiente perjuicio que ello puedo generar en el sector turístico de la Isla”.

Pero esas no son todas las consecuencias negativas que acarreará esta medida, porque, en palabras de Teodoro Sosa, “se producirán problemas operativos reales en el aeropuerto, puesto que esos 60 minutos de cortesía son claramente insuficientes. Las guaguas se verán obligadas a llegar con antelación, por los frecuentes retrasos que se producen en la operativa aeroportuaria, como ocurre en el control de pasaportes, por ejemplo, así como por la imposibilidad de que los vehículos lleguen ‘a tiro de llamada’, debido al tráfico local”, mantuvo.

Contrario a la legislación de Movilidad Sostenible

Teodoro Sosa hizo hincapié, además, en el hecho de que esta iniciativa de AENA “penaliza el transporte colectivo de Canarias y contradice abiertamente los principios de la ley de Movilidad Sostenible, que fomenta mover a más personas en menos espacio”, expuso, para añadir que “la medida podría incentivar el uso del coche de alquiler, que tiene una ocupación baja, y con ello empeora el tráfico”.

Es más, a su juicio, esta nueva práctica recaudatoria “podría generar una mayor saturación en las terminales de llegadas de los recintos aeroportuarios, porque, para evitar costes, los conductores reducirán los tiempos de espera y eso aumentará las probabilidades de que las y los turistas no encuentren su transporte al aterrizar en Canarias”, vaticinó, “así que el caos y el empeoramiento de su experiencia estarán prácticamente asegurados”, añadió.

Finalmente, el consejero hizo alusión al hecho de que AENA ha anunciado esta medida con muy poco tiempo de antelación y sin haber consultado ni mantenido un diálogo real con el sector del transporte canario para recoger la opinión de quienes se van a ver directamente afectados. “Todo ello ha generado incertidumbre y rechazo en la patronal”, constató, “a lo que se suma la pretensión de que la entrada en vigor de la norma sea en plena temporada alta, lo que impide que las y los empresarios puedan repercutir este nuevo coste en los contratos ya firmados y, por consiguiente, pierdan todavía más dinero”, concluyó.