La Guardia Civil desmantela una red de desguaces que falsificaba certificados medioambientales en Canarias y Madrid

La Guardia Civil ha desmantelado una red de desguaces ilegales que operaba en Canarias y la Comunidad de Madrid y que falsificaba certificados medioambientales para encubrir la gestión irregular de cientos de vehículos de gran tonelaje. La actuación, desarrollada en el marco de la Operación “DILANIO”, se ha saldado con la clausura de tres desguaces clandestinos y la investigación de once personas y empresas por presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y falsificación documental.

La investigación, dirigida por el SEPRONA de Las Palmas, se inició tras detectar una instalación no autorizada ubicada en suelo rústico protegido, dedicada de forma ilícita al tratamiento de residuos. En el interior de este recinto se localizaron 44 vehículos de gran tonelaje, tanto completos como semidesguazados, procedentes de desguaces legalmente constituidos con los que se mantenían acuerdos comerciales. La documentación de baja de los vehículos se tramitaba de manera formal a través de estos desguaces autorizados, lo que permitía ocultar el origen irregular de las operaciones.

A medida que avanzaron las pesquisas, los agentes comprobaron que una empresa de transportes había entregado más de 240 vehículos a un desguace de la Comunidad de Madrid para su baja y tratamiento medioambiental. Sin embargo, dicho establecimiento los revendía como chatarra, obteniendo importantes beneficios económicos, y desviaba los vehículos a desguaces de la provincia de Las Palmas, donde se falsificaban los certificados medioambientales necesarios para simular una correcta gestión.

Como resultado del operativo, la Guardia Civil procedió a la clausura de dos desguaces clandestinos y un tercero en proceso, ubicados en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, todos ellos en terrenos rústicos protegidos que suman una superficie superior a 40.000 metros cuadrados. Estas instalaciones operaban bajo la cobertura de desguaces autorizados situados en zonas industriales, que emitían la documentación falsificada mientras los vehículos eran trasladados sin descontaminar o solo parcialmente tratados.

El SEPRONA ha constatado además que estas actividades provocaron la liberación incontrolada de gases fluorados a la atmósfera durante el desmantelamiento de los vehículos. Se estima que más de 10.000 vehículos fueron manipulados de esta forma en los últimos cuatro años, generando una emisión equivalente a unas 1.500 toneladas de CO₂, lo que evidencia la gravedad del impacto medioambiental causado.

La Guardia Civil ha realizado numerosas tomas de muestras y elaborado informes periciales que refuerzan las acusaciones y ha reiterado su compromiso con la protección del medio ambiente, subrayando que continuará persiguiendo las actividades ilícitas que ponen en riesgo la sostenibilidad y el entorno natural del Archipiélago.