El Cabildo reclama a la UE y a los gobiernos estatal y canario que blinden el sector pesquero frente al uso del cerco en la pesca de atún

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó este martes una declaración institucional en la que muestra su firme rechazo a la propuesta de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) de poner en marcha un plan experimental del uso del cerco para la captura de atunes y la cría de rabiles y atunes rojos en las aguas de Canarias. Dos actividades que, como sostiene la Corporación insular, supondrían un peligroso revés para el sector pesquero artesanal canario, que podría ver peligrar su supervivencia, así como para el medio marino del Archipiélago.

Por eso, ante estos riesgos, la Institución acordó instar al Gobierno autonómico, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Ejecutivo de España y a la presidenta de la Comisión Europea a ejercer las acciones correspondientes para salvaguardar los intereses de la pesca artesanal de las Islas y los ecosistemas marinos y sus recursos, respetando además la opinión contraria a esta iniciativa que también han hecho patente las distintas federaciones canarias de cofradías de pescadores.

Estas fueron las dos decisiones que adoptaron todas y todos los consejeros de la Cámara insular al respaldar la moción presentada por Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista y Partido Socialista Canario-PSOE, los grupos que conforman el actual Gobierno grancanario, en la que argumentan que la propuesta de la ICCAT “atenta de lleno contra los intereses del sector pesquero artesanal y los frágiles ecosistemas marinos de las Islas, ya que dicho proyecto tiene como objetivo evaluar el posible desarrollo futuro de la pesca con red de cerco industrial y el crecimiento y engorde del atún rojo y del rabil en esta zona”.

Porque, como recalca la declaración, el uso del cerco para la captura de atunes está actualmente prohibido por las normativas autonómica y estatal, tanto en aguas interiores como aguas exteriores del mar territorial de Canarias. De hecho, especifican que “este arte solo está permitido tanto para la captura de pequeños pelágicos como longorones, sardinas y caballas”, que directamente se comercializan para su uso como el cebo vivo que es necesario como carnada para la pesca con anzuelo de atunes y otros demersales de gran tamaño.

Por todo ello, el Cabildo considera que esta autorización “supondría un cambio sin precedentes para la pesca tradicional de Canarias, la cual se valora por su artesanalidad”, ya que, como detallan, “los atunes son capturados uno a uno, con liña o con caña, método tremendamente sostenible, que ha permitido a Canarias, entre otras cuestiones, defender el aumento de su cuota anual de atún rojo, ya que no impacta sobre este recurso pesquero tan valioso, y hasta hace poco tiempo en peligro”.

Y es que, junto a este grave perjuicio, en el mismo documento se pone de relieve que el uso del cerco también ocasionaría grandes capturas de otras especies accesorias que carecen de valor comercial, pero que sí poseen un alto valor ecológico, como las tortugas, los tiburones y los delfines, que siempre migran juntas a través de los océanos en busca de alimento o de zonas de reproducción.

A este respecto, hace hincapié en que la pesca artesanal canaria es modélica, por su respeto con el medio marino y, por tanto, por su sostenibilidad. De ahí que asevera que “permitir el uso del arte de cerco de forma industrial sería cambiar las normas del juego, no solo en lo ambiental, sino también en lo económico, ya que dejaría sin opciones a los pescadores artesanales de las Islas”.

No en vano, subraya que la pesca del atún es la que, en muchas ocasiones, proporciona a las y a los pescadores canarios el exiguo margen de beneficio anual y, de igual manera, permite reducir el esfuerzo sobre los recursos pesqueros costeros demersales como viejas, abades, meros y medregales, facilitando así la recuperación de sus stocks.

Así, con base en estas realidades, la Corporación insular sentencia que esta autorización tendrá consecuencias muy negativas para el medioambiente y no va a suponer mayores beneficios económicos para las comunidades pesqueras artesanales, que perderán rentabilidad económica por dos vías: por la competencia injusta y desigual con los industriales y por la competencia por el propio recurso, tanto de atunes como de cebo vivo.

Y, por último, la declaración institucional destaca que la propuesta de criar atún rojo y rabil en Canarias “es una acuicultura parcial”, ya que su desarrollo requiere y depende del medio natural, puesto que los ejemplares jóvenes deben ser capturados en el mar y trasladados a viveros marinos, donde rechazan los piensos industriales al no asemejarse a su dieta natural y se les tiene que engrasar con pescado fresco o congelado.

Se trata, en definitiva, de un modelo de acuicultura muy controvertido, dado que requiere una enorme cantidad de pescado salvaje para alimentar a los atunes en las granjas, y esto choca claramente con la defensa que siempre ha hecho el Cabildo grancanario de “una acuicultura integral, una acuicultura sostenible basada en la ciencia, en el uso de las tecnologías más avanzadas y en el máximo respeto al medio ambiente, a la economía local y en excelente convivencia con la pesca artesanal de Gran Canaria”, concluye la declaración.