El Pleno insular insta al Gobierno de Canarias, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la presidenta de la Comisión Europea a ejercer las acciones precisas para definir un marco financiero 2028-2034 justo para las Islas
Denuncia que se pretende eliminar el FEAGA, el FEADER y el FEMPA, herramientas específicas del sector, y que se anula el tratamiento específico del POSEI, lo que implica menos recursos y autonomía, y más competencia interna
El Cabildo de Gran Canaria rechaza de forma tajante la propuesta de la Comisión Europea para el nuevo marco financiero plurianual para el período 2028–2034 y demanda que la redefina, puesto que, tal y como está planteada, implica un cambio de paradigma que va a debilitar el apoyo que recibe el sector primario y va a alterar la posición del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), un instrumento clave para la continuidad de la actividad agraria en Canarias y para el reconocimiento de las singularidades del Archipiélago como región ultraperiférica (RUP).
El Pleno de la Corporación insular dejó muy clara este martes la postura contraria de la Institución a esos cambios, cuando todas y todos sus consejeros dieron un rotundo ‘sí’ a la moción presentada por Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista y el Partido Socialista Canario-PSOE, los grupos que componen el actual Gobierno grancanario, en la que reclaman una rectificación de Europa e instan, además, al Gobierno de Canarias, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Ejecutivo estatal y a la presidenta de la Comisión Europea a ejercer las acciones que sean necesarias para definir un marco financiero en 2028-2034 justo para las Islas, que sea específico y que se adapte a la realidad canaria.
Esta reacción se debe, según se argumenta en la moción, a que la Comisión plantea eliminar herramientas específicas para el sector primario, como el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEMPA), con la finalidad de crear un único fondo multifuncional con objetivos de diversas políticas, lo que ya ha suscitado el rechazo generalizado del sector agrario y pesquero.
Asimismo, contempla la desaparición del tratamiento específico del POSEI, que pasaría a integrarse en un plan nacional sin reconocimiento jurídico diferenciado ni financiación definida, lo que supondría menos recursos y autonomía, y mayor competencia interna entre todas las comunidades autónomas del Estado. Y, además, establece la necesidad de competir con otras áreas políticas por la asignación de fondos, lo que reducirá los recursos destinados a las acciones agrícolas.
Y todo esto teniendo en cuenta, como especifica la moción, que la experiencia del período 2023–2027 ha demostrado que la incorporación del Programa de Desarrollo Rural específico para las RUP a un Plan Estratégico Nacional ha ocasionado una pérdida de autonomía, una mayor rigidez y unos recortes financieros significativos, que han afectado muy especialmente a Canarias.
Por eso, ante estas perspectivas tan negativas, el Pleno insular reivindicó para el Archipiélago un tratamiento equivalente al que ha tenido el POSEI, con la incorporación de las medidas ya existentes en los instrumentos del FEAGA, el FEADER y el FEMPA, y con la integración de las ayudas a los productos de la pesca y la acuicultura de las RUP en un POSEI específico para ambas actividades, similar al que ya existe para los productos agrícolas, tal y como lo acordó por unanimidad el Cabildo de Gran Canaria en el pleno del Debate sobre la Orientación General de la Política Insular 2025 celebrada el día 13 de mayo de 2025.
Es más, NC-FAC y PSC-PSOE aluden en el documento a que los objetivos de la Política Agrícola Común están claramente recogidos en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y son: el incremento de la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola y el empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra; la garantía de un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura; la estabilización de los mercados; garantizar la seguridad de los abastecimientos, y asegurar al consumidor suministros a precios razonables.
E indican, igualmente, que el artículo 349 del mismo Tratado es de especial relevancia para Canarias y ampara el establecimiento del POSEI, o lo que es lo mismo, las disposiciones específicas en favor del sector agrario de las RUP, y a las que reconoce una situación estructural social y económica caracterizada por la gran lejanía, la insularidad, una reducida superficie, un relieve y clima adversos, y la dependencia económica de un reducido número de productos, un cúmulo de factores que perjudican gravemente su desarrollo.
Así, con esas normas en la mano, el Gobierno insular mantiene que “es indudable el impacto positivo que ha tenido en Canarias la aplicación del programa POSEI, mejorando las condiciones de vida no solo de las personas agricultoras y ganaderas y del medio rural, sino también de toda la sociedad canaria en su totalidad”, y añade que, gracias a una financiación que ha alcanzado una media anual de 258 millones de euros entre 2008 y 2023, se ha podido sostener la actividad esencial de las explotaciones agrícolas y ganaderas. “Este apoyo ha permitido preservar nuestros sistemas agrarios tradicionales, esos que forman parte de nuestra identidad y de nuestro paisaje. Y, al mismo tiempo, ha garantizado a la población canaria y a quienes nos visitan una alimentación cercana, saludable y de calidad, fruto del trabajo de nuestros agricultores y ganaderos”, declara.
Del mismo modo, recalca que, en los últimos años, han surgido nuevas amenazas para el sector primario canario, como las crisis climática y sanitaria, y los conflictos bélicos que distorsionan los mercados internacionales, en cuanto a la producción y disponibilidad de materias primas, y el suministro y distribución. Por todo ello, considera inadmisibles las modificaciones que la Comisión Europea pretende introducir en el Marco Financiero Plurianual 2028–2034.










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