Viernes, 02 de Enero de 2026

Actualizada Viernes, 02 de Enero de 2026 a las 12:58:29 horas

Canarias refuerza la financiación de las universidades públicas con una aportación adicional de dos millones de euros

Redacción Viernes, 02 de Enero de 2026

• La ULPGC y la ULL recibirán un millón de euros cada una para atender gastos corrientes y de capital, con ejecución hasta finales de 2026

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, que dirige Migdalia Machín, ha aprobado una aportación dineraria adicional de dos millones de euros destinada a reforzar la financiación de las universidades públicas del archipiélago. La medida permitirá atender necesidades vinculadas al funcionamiento ordinario y a la mejora de infraestructuras, con un plazo de ejecución que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

 

Del total autorizado, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recibirá un millón de euros para gastos corrientes asociados al mantenimiento de sus instalaciones y a servicios esenciales. La Universidad de La Laguna, por su parte, destinará su millón de euros a gastos de capital orientados a la mejora de infraestructuras y espacios docentes.

 

Machín explicó que esta aportación permite atender necesidades de funcionamiento e inversión de las universidades públicas canarias, reforzando su capacidad para planificar y ejecutar actuaciones para el desarrollo de su actividad académica e investigadora; y que es independiente y complementaria a la aportación extraordinaria que ya se anunció de 5,3 millones de euros para garantizar el incremento retributivo del 2,5 % del personal universitario.

 

En el caso de la ULPGC, los fondos se aplicarán a servicios directamente vinculados al funcionamiento diario de los campus, como la limpieza de edificios y la seguridad. En la ULL, la financiación se destinará a la mejora de infraestructuras digitales y a actuaciones de mantenimiento, accesibilidad y adecuación de edificios destinados a la docencia.

 

La consejera subrayó que esta decisión se inscribe en una política de refuerzo del sistema universitario público, “orientada a garantizar que las universidades dispongan de los recursos para desarrollar su labor en condiciones adecuadas y con estabilidad”.

 

La Orden contempla el abono anticipado del cien por cien de la aportación dineraria adicional, y establece los plazos y mecanismos de justificación conforme a la normativa vigente.

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