Nueva Canarias acusa al Gobierno de “fracaso político” en la ley del suelo y habla de parches en lugar de soluciones

La diputada de Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC), Esther González, ha cargado duramente contra el Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y Partido Popular) durante el pleno extraordinario del Parlamento en el que se debatió la convalidación del Decreto Ley 20, una norma que modifica la ley del suelo y la ley de cooperativas.

Según González, este decreto no es una simple corrección técnica, sino la prueba de que la ley del suelo aprobada en 2017 ha fracasado y de que el Ejecutivo actual está intentando arreglarla a base de parches en lugar de afrontar una reforma profunda.

¿De qué están hablando exactamente?

La ley del suelo de Canarias, aprobada en 2017 durante el primer mandato de Fernando Clavijo, se presentó como una norma para agilizar los trámites urbanísticos, facilitar inversiones y dar más seguridad jurídica. Sin embargo, para Nueva Canarias ha ocurrido justo lo contrario:

• Ha generado bloqueos administrativos.

• Ha creado inseguridad jurídica.

• Ha obligado a modificarla una y otra vez mediante decretos ley.

Ahora, el Gobierno ha aprobado un nuevo decreto urgente para evitar que planes urbanísticos queden anulados y para desatascar expedientes en ayuntamientos y cabildos.

La diputada nacionalista sostiene que este decreto demuestra que el problema no es puntual, sino estructural:

“No estamos ante un fallo técnico, sino ante un fracaso político”.

Para explicarlo, utilizó una metáfora clara:
dijo que el Gobierno actúa como si en un edificio con los cimientos dañados solo se preocuparan por pintar la fachada.

González recordó que la ley fue aprobada en 2017 pese a una amplia oposición política, social e institucional, y que ocho años después solo sobrevive gracias a prórrogas, excepciones y decretos de urgencia.

Promesas incumplidas

La parlamentaria denunció que el presidente Clavijo lleva dos años y medio anunciando una gran reforma de la ley del suelo, pero que esa reforma no ha llegado y, a su juicio, ya no llegará antes de que se disuelva el Parlamento en abril de 2027 por las elecciones autonómicas.

En lugar de esa reforma profunda, según NC, el Ejecutivo ha optado por:

• Cambios apresurados.

• Falta de debate parlamentario.

• Ninguna asunción de responsabilidades políticas.

¿Por qué votan a favor si critican tanto?

A pesar de todo, Nueva Canarias votó a favor de la convalidación del decreto. Pero Esther González dejó claro que no es un apoyo político, sino una decisión práctica:

“Votamos sí para evitar que se anulen planes y se paralicen ayuntamientos. Es control de daños, no un aval al Gobierno”.

Es decir, apoyan el decreto para evitar un problema mayor, pero mantienen que el modelo territorial actual ha fracasado.

La conclusión de Nueva Canarias

Para Esther González, la ley del suelo es ya un “fiasco” y Canarias no puede seguir funcionando con normas que se mantienen vivas solo en la UCI parlamentaria, a base de decretos de emergencia.

Su mensaje final fue claro:
Canarias necesita dejar atrás los parches y apostar por:

• Planificación seria.

• Seguridad jurídica real.

• Un cambio profundo del modelo territorial.

Porque, en su opinión, lo que hoy se debate no es solo una ley, sino cómo se ordena el territorio y el futuro de las islas.