Carmen Hernández pide reformar la Constitución para poner el derecho a la vivienda por encima del mercado

La diputada y vicesecretaria general de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Carmen Hernández, pidió hoy reformar la Constitución para poner, en el Estado, el derecho a la vivienda por encima del mercado. La dirigente del nacionalismo progresista defiende que, tras este cambio imprescindible, en Canarias donde ha declarado la emergencia habitacional, debe ser de obligado cumplimiento establecer un tope a los precios del alquiler. Hernández reclamó a los gobiernos de Pedro Sánchez y de Fernando Clavijo “menos palabras y anuncios” y “más decisiones valientes a favor” del alquiler asequible y para construir más vivienda pública.

Se mostró tajante al considerar que las medidas planteadas por Pedro Sánchez para frenar los desorbitados incrementos de los arrendamientos van a fracasar al partir de un diagnóstico erróneo. “Ningún propietario va a dejar de subir el precio del alquiler en un mercado cada vez más tensionado y con una escalada de precios imparable por unos incentivos” en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), opinó. Se trata de una medida “absolutamente ineficaz”, que además pone el foco en el propietario en lugar de las personas realmente afectadas, indicó.

Carmen Hernández fue especialmente crítica con que, en Canarias donde el Gobierno de Fernando Clavijo tiene las competencias en la materia, se legisla “a favor” de la especulación y los grandes tenedores a pesar de haber declarado la emergencia habitacional.

Para NC-BC, el problema es “profundo” y exige respuestas “de fondo”. “Si no se cambia la Constitución, el Estado tiene muy limitadas sus capacidades para intervenir, de verdad, el mercado”, planteó la diputada canarista. El derecho a la vivienda, defendió, “no puede seguir siendo de segundo orden”.

Planteó que debe pasar al Título I de la Carta Magna como un derecho fundamental de obligado cumplimiento. “Por encima” del negocio de la vivienda, “por encima” de los intereses del mercado y los especuladores, “debe estar el derecho básico, esencial y fundamental” de la ciudadanía a acceder a una residencia a un precio asequible, subrayó.

Partiendo de ese cambio constitucional imprescindible, Carmen Hernández insistió que, en territorios como Canarias donde se ha declarado la emergencia habitacional, debe ser “de obligado cumplimiento” establecer un tope a los precios del alquiler.

El Estado, en su opinión, tiene que buscar las fórmulas jurídicas para su viabilidad, sea con un cambio constitucional o mediante mecanismos específicos para los territorios que tienen una situación de emergencia real.

Esta medida, añadió la diputada canarista, debe ir acompañada de otras políticas que defiende NC-BC como la movilización del parque vacío, que le corresponde al Gobierno de Clavijo. “No puede ser” que haya 211.000 inmuebles vacíos y “cero” políticas específicas para el alquiler asequible, denunció. En este sentido, volvió a defender los incentivos tributarios para los pequeños propietarios y medidas de penalización para los grandes tenedores, fondos de inversión y especuladores que mantienen las viviendas vacías.

“Si el Ejecutivo de las dos derechas (CC y el PP) no quiere hacerlo por iniciativa propia, debe ser un mandato” del Estado.

Insistió además en una política mucho más agresiva de construcción de promociones públicas, siendo consciente de que es una estrategia a medio y largo plazo. Reclamó, en especial, más vivienda pública en las grandes ciudades, municipios turísticos y en islas como Lanzarote y Fuerteventura, especialmente tensionadas.

Carmen Hernández recordó que el Ejecutivo canario también tiene que hacer su propia tarea. “Es imprescindible cambiar la Ley Canaria de Vivienda en la línea que venimos defendiendo”, afirmó. Ofreció los ejes y principales medidas de la propuesta de NC-BC para una nueva ley. Cuatro de las principales son garantizar el derecho a una residencia como un derecho subjetivo, el aumento de la inversión pública hasta alcanzar, al menos, el 0,4 por ciento plurianual del Producto Interior Bruto (PIB), de la riqueza canaria (hoy 216 millones de euros), una línea específica de apoyo a la juventud y el programa de fomento del alquiler seguro.

“Mientras no se actúe con valentía, lo único que seguirá creciendo en Canarias es la desigualdad y la exclusión residencial”, concluyó.