El Pleno defiende el carácter público de Radiotelevisión Canaria y elogia su papel en la cohesión social, cultural y territorial de las Islas

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha manifestado este viernes su apoyo firme al carácter público de los servicios informativos y del personal de Radiotelevisión Canaria (RTVC), entidad a la que también ha reconocido el papel esencial que desempeña el ente como instrumento de cohesión social, territorial y cultural del Archipiélago, así como la defensa de la pluralidad e independencia en la información, tantas veces puesta en duda incluso por la propia plantilla de RTVC.

Por tanto, ha acordado instar al Gobierno canario y al Parlamento de Canarias a incluir la garantía de ese carácter público, directo y no externalizable de los servicios informativos de RTVC en el articulado de la nueva Ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de Canarias que actualmente se está tramitando, en aras de asegurar que la función de producción de noticias y contenidos informativos siga siendo desarrollada íntegramente por personal propio de la empresa pública, y que, con ello, la pluralidad y la independencia informativas estén aseguradas en todo momento.

Ese ha sido el acuerdo al que ha llegado la Cámara Insular, cuando ha salido adelante, con los ‘síes’ del grupo de Gobierno y las abstenciones de CC y PP y el ‘no’ de VOX, la moción presentada por Nueva Canarias-Frente Amplio Canarias y Partido Socialista Canario-PSOE, en la que subrayan que “la privatización o externalización de los Servicios Informativos y de quienes hacen RTVC representa un riesgo inasumible de encarecimiento del servicio, pérdida de control público, manipulación informativa y precarización laboral”, por lo que “resulta imprescindible que la futura ley garantice de manera expresa el carácter público, indelegable e inalienable de RTVC, imposibilitando su privatización, externalización o gestión indirecta bajo cualquier fórmula”.

En el argumentario de su propuesta, ambas formaciones recuerdan la historia de RTVC, desde que la entonces Televisión Pública de Canarias (TVPC) comenzara sus emisiones en agosto de 1999, con la vocación de ser un instrumento al servicio del interés general de los canarios y las canarias, concebida como un elemento de cohesión y vertebración social, cultural y territorial del Archipiélago. Y rememoran también cómo su modelo de gestión era carácter mixto: el Ente Público Radiotelevisión Canaria se encargaba de licitar y dirigir los servicios de creación de contenidos, tanto de programas de entretenimiento como de informativos, que eran realizados por las empresas adjudicatarias, inicialmente la Sociedad Canaria de Televisión Regional (SOCATER) y posteriormente la Productora Canaria de Televisión (PCTV), que se apoyaban para sus tareas en el incipiente tejido audiovisual canario.

Asimismo, señalan que, en 2008, el Gobierno de Canarias modificó el procedimiento de licitación pública y desistió del lote correspondiente a la gestión integral de los contenidos de entretenimiento, convirtiéndose desde entonces en contratador directo, por separado, de todos esos programas. No obstante, sí continuó con la licitación para la provisión de los servicios informativos, que pasó a producir la nueva empresa adjudicataria del concurso, Videoréport Canarias.

Es más, destacan que, en 2018, tuvo lugar otra transformación significativa, ya que fue el mismo Gobierno canario el que se hizo cargo de la gestión directa de los servicios informativos y asumió, a través de Televisión Pública de Canarias SA, la subrogación de los trabajadores, para asegurar la continuidad del servicio público y preservar los puestos de trabajo.

Y, finalmente, hacen hincapié en que, en estos momentos, el Gobierno autónomo impulsa el Anteproyecto de la citada Ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de Canarias, con el que pretende regular el conjunto del sistema audiovisual del Archipiélago, en el que se incluye RTVC. En esta tesitura, se hacen eco de la preocupación que han hecho patente los trabajadores y las trabajadoras del ente ante la posibilidad de que se plantee la externalización de los servicios Informativos y de quienes trabajan en las dos empresas públicas, porque, a su entender, esa maniobra supondría un retroceso en los derechos laborales conquistados, una merma en la calidad democrática y una pérdida de control ciudadano sobre un servicio esencial para la pluralidad informativa y la vertebración del Archipiélago.

De ahí que, hoy, mientras se concretan los contenidos de la que será la nueva norma que regule el servicio público de comunicación audiovisual de Canarias, el Pleno del Cabildo haya defendido el carácter público de RTVC, no solo como una cuestión de gestión, sino como muestra de su compromiso con los valores democráticos, la transparencia institucional y la identidad colectiva de Canarias.