El Cabildo rechaza el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur porque pone en grave peligro el presente y el futuro del sector primario canario

El Cabildo de Gran Canaria ha mostrado este viernes su rechazo rotundo al acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, que actualmente se halla en proceso de ratificación, al considerar que supone una grave amenaza para el sector primario de Gran Canaria y de toda Canarias, y que no garantiza la protección de las singularidades de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), de las que el Archipiélago forma parte. Por tanto, “como institución de gobierno insular comprometida con la defensa del sector primario, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible, consideramos imprescindible alzar la voz y trasladar a las instituciones competentes nuestra oposición a un acuerdo que pone en riesgo el presente y el futuro del campo canario”.

Con esa claridad y esa contundencia se fija la postura de la Corporación grancanaria en las dos mociones que han presentado en el Pleno por separado, pero prácticamente con los mismos argumentos, Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista y Coalición Canaria, en la sesión plenaria de este mes de enero, cuyas propuestas han encontrado el apoyo de todas y todos los grupos de la Cámara insular, salvo la abstención de VOX y el ‘no’ del Partido Socialista Canario-PSOE.

Con ese respaldo mayoritario, el Cabildo ha acordado instar al Gobierno de España a que defienda con firmeza el sector primario canario y, en consecuencia, que se oponga a la ratificación del acuerdo en los términos que están actualmente establecidos y, además, a que exija la exclusión efectiva de los productos sensibles para Canarias o la incorporación de salvaguardas específicas y vinculantes para las Regiones Ultraperiféricas, como es el caso del Archipiélago.

En este mismo sentido, también ha decidido solicitar a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo que tenga en cuenta de manera real y efectiva el Tratado de Funcionamiento de la UE, y que ponga en marcha mecanismos de protección diferenciados para las RUP frente a los impactos de los acuerdos comerciales internacionales.

Porque, como se ha puesto de relieve en la sesión plenaria, el sector primario de Gran Canaria y de Canarias es un pilar esencial del modelo económico, social y territorial de las Islas, ya que la agricultura, la ganadería y la pesca, además de garantizar el abastecimiento de la población, desempeñan un papel clave en la economía insular, en la fijación de población en el medio rural, en la conservación del paisaje, en la protección del medioambiente, en la soberanía alimentaria y en la identidad cultural del territorio.

Del mismo modo, se ha recalcado que el Archipiélago, en su condición de RUP, presenta unas condiciones estructurales singulares, como la lejanía, la fragmentación territorial, la reducida superficie, la dependencia del exterior y los elevados costes de producción, “que justifican un tratamiento diferenciado y específico en las políticas comunitarias, especialmente en materia agrícola, ganadera, pesquera y comercial”.

Y es que, según se ha puesto de relieve, el acuerdo comercial entre la UE y los países que forman Mercosur abrirá las puertas del mercado europeo a productos agroalimentarios procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que son elaborados con estándares sanitarios, laborales, medioambientales, zoosanitarios y fitosanitarios menos exigentes que los que se exigen a las y a los productores europeos, “lo que generará una competencia desleal que va a amenazar muy seriamente la viabilidad de las explotaciones locales”.

Y estas circunstancias se tornan especialmente graves en el caso de Canarias y más en particular en el de Gran Canaria, donde sectores estratégicos como el ganadero, el tomatero, el del plátano, las producciones hortofrutícolas y otras actividades agrarias y pesqueras pueden verse muy perjudicados. Es más, el Cabildo considera que el diferencial de costes de producción, la presión sobre los precios en origen y la pérdida de rentabilidad van a poner en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones familiares y profesionales, y es muy probable que aceleren el abandono del campo y el consecuente deterioro del medio rural.

Además, y para mayor preocupación, la Institución insular ha subrayado que el pacto con Mercosur contradice los objetivos de sostenibilidad, transición ecológica y seguridad alimentaria que la propia UE promueve a través del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’. Por tanto, subraya que “resulta incoherente exigir a las personas productoras europeas elevados estándares ambientales y de bienestar animal, mientras se facilita la entrada de productos importados que no cumplen dichas exigencias”.

Todo ello ha hecho que el Pleno del Cabildo haya resuelto, asimismo, exigir la aplicación de ‘cláusulas espejo’, en aras de que los productos importados desde terceros países estén sujetos a los mismos estándares sanitarios, medioambientales, laborales y de bienestar animal que se exigen a los productores europeos.