Miércoles, 18 de Febrero de 2026

Actualizada Miércoles, 18 de Febrero de 2026 a las 20:05:35 horas

Turismo lidera reuniones con los ayuntamientos canarios para ayudarles a implantar la Ley del vacacional

Redacción2 Miércoles, 18 de Febrero de 2026

La Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística ha celebrado hoy un encuentro técnico-político con los ayuntamientos de Fuerteventura para analizar los criterios y herramientas de ordenación de las viviendas vacacionales

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística, continúa con su hoja de ruta para facilitar la implementación de la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda. En este contexto, hoy se ha celebrado en Fuerteventura, a petición del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, una reunión política y técnica coordinada con los seis municipios de la isla para resolver dudas y establecer los criterios básicos de la nueva normativa.

 

Durante el encuentro, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, explicó que, al haber sido siempre una competencia municipal la ordenación urbanística, son las administraciones locales las que tienen autoridad para decidir dónde y cómo se ubican las viviendas vacacionales dentro de su término municipal. "En esta reunión hemos expuesto los criterios básicos para que las corporaciones tengan las herramientas que les permitan tomar las decisiones necesarias de manera que puedan completar la ordenación del vacacional", destacó Rodríguez.

 

Para ello, la Consejería ha diseñado una estrategia de acompañamiento que permite a los ayuntamientos ejercer su responsabilidad de manera ágil. Rodríguez explicó que aquellas corporaciones que opten por un modelo moderado, limitando las viviendas vacacionales a un máximo del 10% de su parque total, dispondrán de herramientas simplificadas como las ordenanzas provisionales municipales.

 

En cambio, los municipios que decidan superar ese umbral deberán realizar un análisis más exhaustivo. "Aquellos ayuntamientos que deseen habilitar más del diez por ciento tendrán que utilizar instrumentos más complejos y, sobre todo, realizar un estudio de capacidad de carga", aseguró el director general.

 

Rodríguez recordó que los consistorios no están obligados a ordenar todo su territorio de forma simultánea. De hecho, la Consejería recomienda empezar por las zonas prioritarias, definiendo primero el modelo de desarrollo social y económico. "Los ayuntamientos pueden ordenar parcialmente su término municipal, empezando por aquellas zonas donde esa ordenación sea prioritaria o menos compleja para, sucesivamente, ir ordenando el resto", aseguró.

 

Para el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, esta reunión nace de la voluntad de los ayuntamientos por "coordinar criterios en la isla de Fuerteventura sobre la aplicación de la ley que afecta a la vivienda vacacional. Agradecemos la predisposición de la Consejería de Turismo y Empleo, a través de su director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, así como de todos los ayuntamientos a través de sus representantes técnicos y públicos para marcar esos criterios de unidad y aplicar de forma directa toda aquella regulación que afecta a la vivienda vacacional".

 

El objetivo final es garantizar que el crecimiento turístico no vulnere el derecho a una vivienda digna y a precio asequible. Por eso, la intención de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias es asistir a la totalidad de las administraciones locales en este proceso de transición. De hecho, este ciclo de reuniones, que ya ha pasado por Tenerife y Gran Canaria, pretende alcanzar a los 88 ayuntamientos del archipiélago.

 

Labores de control

Además de la planificación, otro de los puntos del orden del día que se está tratando en las reuniones con las administraciones locales tiene que ver con las labores de comprobación, control e inspección de las viviendas vacacionales. Son labores que los ayuntamientos deben liderar como responsables de la inspección en las actividades clasificadas, para asegurar la calidad de la oferta alojativa.

 

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