Gran Canaria pide al Estado que cumpla con Canarias y evite la pérdida de 100 millones de inversión de fondos europeos

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha solicitado hoy al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una adaptación urgente de los plazos del Programa de Energía Sostenible en Islas (EESI), ante el riesgo de que el Archipiélago pierda inversiones estratégicas de más de 100 millones de euros por una planificación administrativa que impide culminar los proyectos concedidos.

Morales ha comparecido hoy respaldado por el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink; el director insular de Energía, Alexis Lozano; representantes de ayuntamientos de la isla, así como de las comunidades energéticas ciudadanas e industriales, organizaciones empresariales y empresas con inversiones comprometidas en autoconsumo y almacenamiento. “Esta presencia no es simbólica”, ha afirmado. “Es la prueba de que estamos ante un problema que afecta al conjunto de la isla: al sector público, al tejido económico y al proceso de transición energética”.

En su intervención, el presidente insular ha recordado que Canarias tiene un sistema eléctrico aislado, sin interconexión con el continente, dependiente de combustibles fósiles importados y con sobrecostes estructurales reconocidos por el Estado.

“Cada megavatio renovable que se instala en Canarias reduce el combustible importado, reduce nuestra vulnerabilidad geopolítica y reduce nuestros costes estructurales. Acelerar las renovables en Canarias no es una reivindicación territorial, es una decisión económicamente racional para todo el país”, ha asegurado Morales.

El presidente insular ha alertado durante su intervención de que los plazos actuales del programa con cargo a los fondos Next Generation hacen materialmente imposible ejecutar los proyectos concedidos. “Convocatorias que se resuelven tras meses de retraso no pueden exigir la ejecución y certificación en apenas semanas. Eso no es viable ni para una administración pública ni para una pequeña empresa o comunidad energética”.

Asimismo, ha explicado que tanto el tejido empresarial como las diferentes Administraciones han cumplido y merecen una ampliación, ya que la reducción de plazos no es responsabilidad de quienes están ejecutando los proyectos, sino de los retrasos de gestión de la convocatoria.

100 millones de inversión en riesgo

En este sentido, el consejero Raúl García Brink ha subrayado que “Canarias y Gran Canaria han cumplido presentando multitud de iniciativas a esta convocatoria de Estrategia de Energía Sostenible en Islas. El Cabildo, el sector privado, nuestras empresas, por supuesto, y nuestras comunidades energéticas, no vamos a poder llevar a cabo los últimos proyectos de esta convocatoria. Calculamos una pérdida de aproximadamente 100 millones de euros”, ha asegurado.

Al respecto, el consejero ha añadido que “exigimos al Estado que tenga empatía ultraperiférica, empatía con Canarias. Estos proyectos son clave para la transición energética de la isla y desde aquí exigimos que hagan exactamente lo mismo que han hecho con los proyectos del Ministerio, que es ampliar los plazos hasta el año 2028. No entendemos por qué sus proyectos sí son ampliables y, en cambio, los nuestros, que dependen exactamente de la misma institución del IDAE, no pueden ser ampliados”.

Entre las iniciativas en riesgo se encuentran solo en la Isla más de 30 millones en proyectos insulares del Cabildo; más de 20 actuaciones públicas ya licitadas o en ejecución; proyectos municipales que suman 5,7 millones de euros; o inversiones privadas superiores a 50 millones entre industrias, plantas de autoconsumo, hoteles, empresas de gestión de agua y comunidades energéticas ciudadanas e industriales.

“Este problema no es exclusivo de Gran Canaria. Por ejemplo, la Comunidad Energética Local El Rosario Solar, con 5 MW, 3 MWh de almacenamiento y más de 12 millones de presupuesto, también se encuentra comprometida”, ha puntualizado el presidente Antonio Morales.

La solución ya ha sido utilizada por el Estado

Morales ha recordado que no se reclama una ampliación del Plan de Recuperación ni un cambio del marco europeo. “Solo pedimos que se aplique el mismo mecanismo que el IDAE ya ha utilizado en otras convocatorias estatales”.

El mecanismo propuesto por el Cabildo consiste en considerar elegible el proyecto si la ayuda está concedida y el gasto está comprometido antes de junio de 2026 y permitir que la ejecución material continúe en 2027 y 2028, con separación contable y sin riesgo de doble financiación.
“No es un problema jurídico: es una decisión política”, ha insistido Morales. “No adaptar estos plazos en Canarias, que es un territorio ultraperiférico, con mayores costes logísticos y mayores tiempos de suministro, no tendría justificación técnica ni económica”.

Al respecto, el presidente del Cabildo de Gran Canaria ha recalcado que en este caso no está en juego solo la subvención concreta, sino la credibilidad de la transición energética en Canarias y la coherencia de una política pública que debe ser ejecutable y la confianza de las empresas y las instituciones que están arriesgando recursos propios para avanzar hacia un sistema más limpio, barato y seguro.

“Nosotros hemos cumplido. Ahora le corresponde al Ministerio demostrar que entiende la singularidad insular y que está dispuesto a actuar con el mismo criterio que ya ha aplicado a otras convocatorias”, ha concluido Morales.