Una Ecoísla de cuidados

La inauguración del nuevo centro sociosanitario Benedicta Ojeda, en Tamaraceite, es una de esas noticias que hablan de presente, pero sobre todo de futuro. Un futuro que se construye con hechos, con planificación pública y con una convicción clara: Gran Canaria no puede avanzar como ecoísla, como territorio sostenible y cohesionado, si no sitúa la justicia social y los derechos de las personas en el centro de todas sus políticas.

El centro Benedicta Ojeda no es una infraestructura más. Representa una forma de entender los cuidados, la atención a la dependencia y la dignidad de las personas mayores y con discapacidad. Con 156 nuevas plazas —135 residenciales, para dependientes y salud mental, y 21 de atención diurna—, se convierte en el segundo gran centro abierto en este mandato en términos de oferta de plazas. Cada una de esas plazas es una respuesta concreta a una necesidad real, cada una de ellas supone alivio para la familia, oportunidades de empleo cualificado y un paso más hacia un sistema de cuidados más humano y cercano.

Este avance se inscribe en una estrategia mucho más amplia: el Segundo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Gran Canaria, que contempla la creación de 1600 nuevas plazas a gestionar directamente por el Gobierno de la isla y casi 400 plazas más a través de infraestructuras creadas por el Tercer Sector con financiación insular. Se trata del mayor esfuerzo inversor en materia sociosanitaria de los últimos veinte años. No es una cifra retórica: es el resultado de años de planificación, de acuerdos institucionales complejos y de una voluntad política sostenida de no mirar hacia otro lado ante el envejecimiento de la población y el aumento de la dependencia.

El plan nació con una aportación de 90 millones de euros, fruto de la cooperación interadministrativa, pero se ha ido ampliando, con la financiación adicional del Cabildo de Gran Canaria, hasta llegar a los 200 millones de euros. Son 110  millones de euros más de recursos propios para ampliar la oferta y acelerar la puesta en marcha de nuevos centros y servicios. No hay ningún plan de estas características en ningún territorio insular de Canarias. Esta decisión no es menor. Significa asumir responsabilidades más allá de lo estrictamente financiado, porque las necesidades sociales no siempre pueden esperar a los tiempos administrativos.

Un plan sociosanitario público de estas carácteristicas es imprescindible para responder de forma integral y coordinada a las necesidades crecientes de las personas en situación de dependencia, con problemas de salud mental y con discapacidad. Se trata de una parte importante de la ciudadanía que requiere  apoyos que no son solo sanitarios ni solo sociales, sino una combinación de ambos: atención médica continuada, rehabilitación, acompañamiento psicológico, apoyos a la autonomía personal, recursos residenciales y refuerzo a las familias. Sin una planificación pública estructurada, la atención suele fragmentarse entre distintos servicios, generando desigualdades, duplicidades y retrasos.

En paralelo, el nuevo Convenio de Dependencia 2025–2028, suscrito con el Gobierno de Canarias, garantiza la estabilidad financiera de los servicios y moviliza 604 millones de euros en cuatro años, de los cuales el Cabildo aporta en torno al 30% del total. Este acuerdo permitirá atender a más de 5.300 personas cada año y sostener casi medio millón de horas de atención en servicios clave como la Promoción de la Autonomía Personal y la Ayuda a Domicilio, pilares del nuevo modelo de cuidados centrado en la persona y en su entorno comunitario.

El centro Benedicta Ojeda es heredero de una trayectoria que ha transformado profundamente la política social insular en la última década. Gran Canaria ha pasado de atender a poco más de 4.000 personas a atender a casi 8.700, no solo aumentando plazas residenciales, sino diversificando recursos: centros de día, hogares funcionales, atención domiciliaria, servicios comunitarios y dispositivos especializados para personas con discapacidad y problemas de salud mental. La red se ha ampliado y, al mismo tiempo, se ha hecho más flexible y más humana.

Este cambio de modelo también se hizo visible en los momentos más difíciles. Durante la pandemia, los centros sociosanitarios de la isla demostraron que la planificación, la coordinación con el sistema sanitario y la anticipación salvan vidas. La experiencia dejó una enseñanza clara: invertir en cuidados no es un gasto, es una política de protección colectiva.

La política social del Cabildo no se agota en la dependencia. Incluye programas de emergencia social que atienden cada año a decenas de miles de personas, proyectos de alojamiento para familias en riesgo de desahucio, una red consolidada para jóvenes extutelados, y una apuesta decidida por la igualdad, la diversidad y la accesibilidad universal. Todo ello responde a una misma lógica: no dejar a nadie atrás y construir cohesión desde lo público, en alianza con los ayuntamientos y el tercer sector.

Un plan integral como el desarrollado por el gobierno insular de Gran Canaria coordina los sistemas sanitario y social, garantizando continuidad asistencial, reduciendo listas de espera y mejorando el acceso equitativo a recursos; prioriza la atención comunitaria, favoreciendo la inclusión y la vida independiente; apoya a las familias cuidadoras, que actualmente asumen una gran carga; y optimiza recursos públicos, evitando costes mayores derivados de hospitalizaciones evitables o institucionalizaciones innecesarias.

Además, el envejecimiento de la población y el aumento de trastornos de salud mental hacen urgente un modelo estable, financiado y planificado a largo plazo. Un plan sociosanitario público no es solo una cuestión de gestión, sino de derechos, dignidad e igualdad de oportunidades para las personas más vulnerables.

Desde esta perspectiva, el proyecto de la ecoísla no puede reducirse a energías renovables, economía circular o protección del territorio. La sostenibilidad tiene también una dimensión social ineludible. No hay transición ecológica justa si no se garantiza el derecho a unos cuidados dignos, a la igualdad de oportunidades y a una vida autónoma para todas las personas, independientemente de su edad, capacidad o situación vital.

La apertura del centro Benedicta Ojeda es, por tanto, una buena noticia por lo que aporta hoy y por lo que simboliza. Es la constatación de que la planificación pública funciona cuando se mantiene en el tiempo; de que los grandes acuerdos institucionales son posibles; y de que la política, cuando se pone al servicio de la gente, mejora de forma tangible la vida cotidiana.

Unos días antes inauguramos el Hogar Funcional de Teror, esta semana el Hogar Julia en Tafira, antes del verano se pondrá en funcionamiento el nuevo Taliarte, similar al Benedicta Ojeda, luego Teror, Guía, y así sucesivamente.

Gran Canaria sigue avanzando. Queda camino por recorrer y nuevas necesidades que atender. Por eso ya se trabaja en el Tercer Plan Sociosanitario, porque las demandas crecen y no admiten pausas. Pero cada nuevo centro, cada plaza creada y cada servicio puesto en marcha refuerzan una idea sencilla y poderosa: una isla más justa es también una isla más fuerte, más cohesionada y más preparada para afrontar el futuro.