El Gobierno inicia la elaboración del proyecto de ley de Gestión del Litoral y las Costas de Canarias

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha informado este lunes al Consejo de Gobierno sobre los objetivos y los principios generales que inspiran la iniciativa legislativa que está impulsando su departamento, a través de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, para contar con una norma que regule la gestión territorial costera. 

La propuesta se enmarca en el Programa Legislativo de la XI Legislatura (2023-2027) y responde al mandato recogido en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación y gestión del litoral, respetando el régimen general del dominio público marítimo-terrestre.

La iniciativa tiene como finalidad adaptar el marco estatal básico en materia de costas a las singularidades del archipiélago, tras el traspaso efectivo de medios y servicios en 2023. Hasta ahora, la gestión se ha venido desarrollando conforme a la normativa estatal, sin una adecuación específica a la realidad territorial, ambiental y socioeconómica de las islas. Con esta futura ley, el Ejecutivo pretende dotarse de un instrumento jurídico propio que armonice el desarrollo económico y social con la preservación de los recursos naturales y los ecosistemas marinos, garantizando niveles de presión compatibles con la salud ambiental del litoral.

El litoral canario, que se extiende a lo largo de 1.126 kilómetros y presenta una configuración discontinua propia de un territorio archipielágico, concentra una parte esencial de la población residente y de las principales actividades económicas, especialmente las vinculadas al turismo. Al mismo tiempo, alberga una biodiversidad marina de gran valor y fragilidad, lo que exige una gestión diferenciada y cercana al territorio.

El objetivo de la futura norma es concretar y adaptar las determinaciones de la legislación básica estatal a la realidad insular, integrar plenamente la ordenación del litoral en la planificación ambiental, territorial y urbanística de Canarias y establecer un marco competencial y procedimental claro que refuerce la seguridad jurídica. Todo ello desde la premisa de alcanzar un equilibrio efectivo entre la protección ambiental y el mantenimiento de las actividades sociales y económicas que históricamente se desarrollan en la costa, en un contexto insular donde no resulta viable desplazar de forma generalizada dichas actividades hacia el interior.

La ley se inspirará en los principios de desarrollo sostenible, gestión integrada del litoral, conservación prioritaria de los ecosistemas costeros, adaptación al cambio climático, participación ciudadana y consideración de la mejor evidencia científica disponible. Asimismo, atenderá al adecuado reparto de competencias entre la Administración autonómica, los cabildos insulares y los ayuntamientos, garantizando una ordenación coherente de un espacio territorial que, aun siendo insular y discontinuo, requiere una visión integral y coordinada.

Con la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno, se inicia formalmente el procedimiento para la elaboración del anteproyecto de ley, con el objetivo de que Canarias disponga de un marco normativo propio que permita ejercer plenamente sus competencias en materia de ordenación y gestión del litoral desde la cercanía institucional y la responsabilidad ambiental.