Mogán tramita un plan urbanístico que abriría la puerta a legalizar 37 viviendas con orden de derribo

El Ayuntamiento de Mogán ha iniciado la tramitación de un nuevo Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) en la urbanización Loma II. Aunque la iniciativa privada se presenta oficialmente con el objetivo de solucionar "la carencia de espacios libres" mediante la creación de parques públicos en las calles Faya y Tahona , los informes técnicos municipales destapan la verdadera contrapartida de la operación: el plan aumentará la edificabilidad del complejo para permitir la legalización de una planta sótano entera que, a día de hoy, es ilegal y acumula graves infracciones urbanísticas.

El origen: 37 locales convertidos en viviendas sin licencia

El epicentro de este conflicto se sitúa en el complejo residencial Monte Carrera, ubicado en el Lote 5 del antiguo Plan Parcial Lomados. Según consta en el expediente municipal, la entidad promotora, Carrera Ground Floor SL, adquirió en el año 2017 la propiedad de 37 locales comerciales situados en la planta sótano del edificio.

En 2019, la empresa acudió a un notario para documentar el cambio de uso de esos locales a viviendas. Sin embargo, la arquitecta municipal es tajante en su informe: "este cambio de uso no ha sido autorizado por la administración competente". De hecho, un intento reciente de la propiedad por legalizar estas 37 viviendas y 3 locales en 2024 (bajo el paraguas del decreto autonómico de emergencia habitacional) se topó de bruces con un informe técnico desfavorable del propio Ayuntamiento.

Una orden de demolición en los juzgados

La situación de estos inmuebles va más allá de una simple falta de papeles. En 2021, el Departamento de Disciplina Urbanística de Mogán abrió el expediente 1276/2021 por la "ejecución de obras sin el título habilitante correspondiente". Las obras ilegales consistieron en la demolición de muros de contención y el acondicionamiento de las viviendas en la planta baja.

La gravedad de la infracción llevó al Consistorio a dictar el Decreto nº 5188/2021 en septiembre de ese mismo año, mediante el cual "se ordena la demolición de las obras ejecutadas ilegalmente". Para frenar la piqueta, la empresa llevó al Ayuntamiento a los tribunales, y actualmente el caso está pendiente de resolución en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria.

El intercambio: parques a cambio de edificabilidad

Para desbloquear esta situación, la promotora ha puesto sobre la mesa el nuevo planeamiento (PAMU). La jugada urbanística consiste en lo que la ley denomina una "actuación de dotación". La empresa propone ceder al municipio 625 metros cuadrados de su parcela para zonas verdes. A cambio, el Ayuntamiento le incrementaría la edificabilidad de su parcela en 3.120 metros cuadrados.

Este incremento "a la carta" es la pieza clave, ya que es exactamente lo que se necesita para que la realidad fáctica de la planta sótano pase a "computarse como planta al plantearse la implantación de usos habitables".

Por el momento, tanto la Sección de Planeamiento como la Jefatura del Servicio de Urbanismo han dado luz verde técnica a la propuesta para que inicie su trámite de evaluación ambiental. No obstante, los propios funcionarios advierten en los documentos que la demanda en curso contra la orden de demolición es una "cuestión que deberá ser valorada jurídicamente a fin de determinar su posible incidencia sobre la tramitación del presente instrumento". Queda por ver si la justicia y los informes jurídicos municipales avalan esta colaboración público-privada o si la consideran una maniobra para eludir el derribo de lo construido al margen de la ley.