El Cabildo asigna una partida de 350.000 euros en ayudas a los ayuntamientos para proyectos que fomenten la convivencia ciudadana

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria dio luz verde a la convocatoria de subvenciones auspiciada por la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, que tutela Teodoro Sosa, y dotada este año con 350.000 euros, cuyo destino será costear los proyectos, actividades y actuaciones que emprendan los ayuntamientos de la Isla con el propósito de fomentar la convivencia ciudadana.

En concreto, estos fondos se emplearán en la financiación de proyectos socioeducativos que promocionen la convivencia entre las y los ciudadanos de Gran Canaria, tales como cursos, talleres y jornadas formativas complementarias a las desarrolladas en el municipio, tanto presenciales como en streaming, así como aquellos dirigidos a potenciar la salud comunitaria.

Asimismo, se consideran acciones subvencionables los estudios que se emprendan para diagnosticar las estrategias y/o proyectos de mejora de la convivencia ciudadana en el municipio, el aumento de las relaciones sociales, la mejora de la integración de todas y todos los vecinos, y el incremento de la cohesión social.

Del mismo modo, podrán ser beneficiarias de esta partida aquellas actividades que propicien el desarrollo local y optimicen las condiciones de vida; la celebración de actos populares o festejos, que contribuyan al desarrollo y a la consolidación de costumbres y tradiciones populares y a la convivencia ciudadana, y los gastos corrientes que originen las publicaciones, ediciones de libros o audiovisuales que se creen para la consecución de esos mismos objetivos.

Cuantías por municipio

En cuanto a los importes y porcentajes que se pueden conceder a cada actividad y a cada municipio que los solicite, las bases de la convocatoria inciden en que la ayuda podrá cubrir el total del presupuesto, salvo que se trate de celebraciones de actos populares o festejos que contribuyan al desarrollo y consolidación de costumbres y tradiciones populares, en cuyos casos, si bien también será posible sufragar el 100% del coste, la ayuda estará limitada a un máximo de 6.000 euros.

De cualquier forma, es preciso señalar que la cuantía total de la subvención por esta línea de actuación se fijará atendiendo al presupuesto de cada iniciativa, a la documentación que aporte el consistorio solicitante y a las disponibilidades presupuestarias, hasta un máximo de 60.000 euros por entidad beneficiaria. Y esos importes se fijarán atendiendo a la distribución por ayuntamientos que ya ha calculado el Cabildo de Gran Canaria, con un criterio de reparto basado en asignar una cantidad fija a todos ellos y otra variable, en función de la población de cada municipio.

Así, fruto de ese proceso, se han concretado las cantidades máximas que podrá recibir cada consistorio, de modo que a Agaete le corresponden Agaete le corresponden 8.744 euros; a Agüimes, 17.371; a Artenara, 7.314; a Arucas, 19.040; a Firgas, 9.371; a Gáldar, 14.705; a Ingenio, 17.098; a Mogán, 13.497; a Moya, 9.457, y a Las Palmas de Gran Canaria, 60.000.

Igualmente, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana podrá recibir un máximo de 23.662 euros, mientras que el de La Aldea de San Nicolás tendrá el límite en 9.271; el de Santa Brígida, en 12.759; el de Santa Lucía de Tirajana, en 31.118; el de San María de Guía, en 11.392; el de Tejeda, en 7.554; el de Telde, en 38.970; el de Teror, en 11.054; el de Valleseco, en 8.158; el de Valsequillo, en 10.028, y el de la Vega de San Mateo, en 9.424.

Solicitudes y plazos

Los ayuntamientos interesados deberán formalizar sus solicitudes en el impreso normalizado y dirigirlas al titular de la Consejería de Presidencia, conforme al modelo que se incluye en el Anexo I de esta convocatoria y que se podrá descargar en la página web del Cabildo de Gran Canaria, www.grancanaria.com.

Además, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las entidades locales estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos, para realizar cualquier trámite de un procedimiento administrativo.

La documentación aportada tiene que estar firmada electrónicamente, mediante el certificado digital del representante legal de la entidad, y presentarse en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.