Martes, 17 de Marzo de 2026

Actualizada Lunes, 16 de Marzo de 2026 a las 22:07:29 horas

El Cabildo suma un nuevo inmueble a sus dependencias administrativas con la compra de una finca en la calle Buenos Aires de la capital grancanaria

Redacción Lunes, 16 de Marzo de 2026

El Consejo de Gobierno Insular da el visto bueno al inicio del procedimiento para la adquisición de la finca, que requiere una inversión de 562.000 euros

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria, a instancia del consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, dio este lunes su visto bueno al inicio del procedimiento de adquisición directa del inmueble ubicado en la calle Buenos Aires, 54, en Las Palmas de Gran Canaria, en una operación que requiere una inversión de 562.000 euros.


De acuerdo con los planes de la Corporación insular, esta finca, que tiene 360 metros cuadrados catastrales, se incorporará al catálogo de infraestructuras con las que ya cuenta la Institución para organizar y desarrollar los servicios públicos que pone a disposición de la ciudadanía grancanaria, puesto que se destinará a usos administrativos de distintos departamentos del Cabildo, que aún están por definir.


Además, se da la circunstancia de que colinda con tres edificaciones más que son propiedad del Gobierno insular. Específicamente, con el número 52, donde se encuentran las oficinas del Servicio de Formación y Prevención + Actividades Clasificadas, y con el número 50, en el que se hallan las del Departamento de Igualdad. De la misma manera, hay que indicar que la casa número 56 también es de titularidad del Cabildo, aunque está cedida a la Alianza Francesa.


Así, tal y como señala el expediente elaborado por el Servicio insular de Patrimonio y aprobado por el Consejo, la compra de esta finca se considera una actuación coherente con varios de los principios generales establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En concreto, cumple con los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión; economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales; eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, y cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas.

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