Narváez acusa a Alejandro Marichal de ser un “kamikaze de la política” tras un informe técnico que frena municipalizar la publicidad en la vía pública

El grupo municipal socialista de San Bartolomé de Tirajana ha acusado al primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, de actuar con “improvisación e irresponsabilidad” en la gestión del área de Urbanismo y Patrimonio, después de que un nuevo informe jurídico haya frenado su intento de municipalizar la gestión de la publicidad comercial en el mobiliario urbano.

La portavoz del PSOE en el municipio, Conchi Narváez, aseguró que el edil de Coalición Canaria se ha convertido en “un auténtico kamikaze de la política”. Según afirmó, su “obsesión por el poder y por acaparar titulares le lleva a saltarse requisitos, plazos y procedimientos básicos de la administración pública”.

Los socialistas sostienen que el concejal ha intentado encomendar a la sociedad municipal de viviendas Gesvisur la gestión del contrato de publicidad exterior en mobiliario urbano —vallas, mupis y otros soportes—, un servicio que hasta ahora estaba en manos de la empresa Mompex. Sin embargo, un informe técnico municipal ha paralizado esa vía al considerar que no es jurídicamente viable.

Un informe que cuestiona la estrategia municipal

El documento jurídico concluye que la explotación publicitaria en la vía pública no constituye un servicio público, sino un uso privativo del dominio público con finalidad lucrativa. Por ello, el informe señala que no está justificado recurrir a un encargo a medio propio a favor de Gesvisur para gestionar este servicio.

En su lugar, los técnicos indican que el procedimiento correcto es convocar una nueva licitación mediante concesión administrativa, permitiendo que una empresa especializada gestione el servicio a cambio del canon correspondiente para las arcas municipales.

Además, el informe pone el foco en la situación de interinidad con la empresa que actualmente explota los soportes publicitarios, Mompex / M.C. Comunicación Vial. Según el documento, no existen “razones de interés público” que justifiquen prolongar el acuerdo transaccional vigente, ya que el contrato original finalizó en 2012 y quedó definitivamente extinguido en 2020.

Requerimiento de información a la empresa

El informe también solicita a la empresa que justifique de forma urgente los ingresos trimestrales desde el tercer trimestre de 2024, debido a que en el expediente municipal no consta documentación que acredite que las cantidades abonadas al Ayuntamiento corresponden realmente al 3 % de sus ingresos, tal y como establecía el acuerdo.

El PSOE pide responsabilidades

Ante esta situación, el grupo municipal socialista exige al gobierno local que acate el informe técnico y restablezca la legalidad del procedimiento. En este sentido, Narváez reclama que se convoque “cuanto antes” un concurso público para adjudicar el servicio a una empresa privada especializada.

Para el PSOE, este nuevo informe confirma una “peligrosa deriva” en la gestión del área de Urbanismo y Patrimonio, al considerar que el concejal está gobernando “al margen del rigor administrativo”. Según la formación, no es la primera vez que los técnicos municipales advierten de irregularidades en expedientes impulsados por Marichal, recordando precedentes como el convenio con VISOCAN.