Canarias reafirma su alianza con UNICEF para el apoyo a los menores migrantes y la futura Ley Canaria de Infancia

El presidente Fernando Clavijo mantuvo este martes un encuentro de trabajo con la nueva presidenta de UNICEF España, María Ángeles Espinosa, en la que analizaron los proyectos puestos en marcha por el Gobierno de Canarias en colaboración con esta organización no gubernamental para garantizar los derechos de la infancia en las islas y, en especial, de los menores migrantes.

Durante la reunión, tanto Clavijo como la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgada, agradecieron a UNICEF la puesta en marcha de unidades móviles en el archipiélago para prestar apoyo psicológico a los menores migrantes no acompañados. El programa se desarrolla desde la Consejería de Sanidad como complemento a los cuidados médicos que reciben desde que llegan a las costas canarias.

Según explicó Espinosa, equipos sociosanitarios de su organización no gubernamental trabajan para ayudar a estos niños y niñas a superar los efectos de “todo el proceso migratorio”, incluida la llegada, la adaptación al sistema de acogida y el posterior traslado a otras regiones al amparo del cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería. A su juicio, esta colaboración con el Gobierno de Canarias es un “ejemplo magnífico” de lo que se puede lograr cuando las administraciones públicas y el tercer sector trabajan juntos.

La presidenta del Comité Español de UNICEF subrayó que el objetivo es velar porque se cumplan en su integridad los derechos de los menores migrantes “que son exactamente los mismos que los de cualquier niño o niña español”. Espinosa estuvo acompañada en la reunión con el titular del Gobierno canario por la presidenta la organización no gubernamental en Canarias, Rosa Gloria Suárez.

También la consejera subrayó la importancia de que el Gobierno de Canarias haya contado con la colaboración del tercer sector para abordar la crisis migratoria e intentar dar el mejor trato posible a los miles de menores migrantes no acompañados. Candelaria Delgado agradeció a UNICEF el apoyo durante estos dos años y medios en los que “hemos ido de la mano” para lograr la modificación normativa que ha garantizado la distribución de estos niños y niñas.

También se refirió al apoyo que esta organización está prestando a la comunidad autónoma para seguir reduciendo las tasas de pobreza infantil en el archipiélago, tasas que siguen siendo muy elevadas y que “por tanto debemos abordar con iniciativas de aliados estratégicos” como UNICEF.

La reunión en la sede de Presidencia del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria se centró también en analizar los avances del proceso participativo puesto en marcha por el Ejecutivo para que niños, niñas y adolescentes puedan conocer y aportar sus propuestas al proyecto de Ley Canaria de la Infancia y la Adolescencia.

El objetivo de esta iniciativa es situar a la infancia en el centro de la elaboración de una norma “clave para su bienestar y protección”, según subrayó la consejera Candelaria Delgado tras el encuentro. En este sentido, agradeció la colaboración de UNICEF y destacó la importancia de contar esta organización no gubernamental como aliado estratégico en la promoción de los derechos de la infancia en el archipiélago.

El Gobierno de Canarias ha impulsado una campaña divulgativa específica dirigida a la población infantil y adolescente con el objetivo de traducir y adaptar los contenidos jurídicos del anteproyecto de ley a formatos accesibles, comprensibles y atractivos. La finalidad es que los menores puedan entender qué es la futura Ley de Infancia y Adolescencia, cómo se elabora, qué derechos protege y de qué manera pueden ejercer su derecho a la participación de forma real y segura.

Delgado afirmó que este proceso “representa un paso decisivo para construir una ley más cercana, inclusiva y realista, que incorpore las voces de quienes forman parte del presente y del futuro de Canarias”.

Consulta y participación

A petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, se está desarrollando un proceso de consulta y participación que pone el foco en algo esencial: escuchar a quienes la ley va dirigida. Para ello, se han articulado actividades impulsadas por UNICEF Comité Canarias, las Ciudades Amigas de la Infancia y la Asociación Los Glayus, con la colaboración de entidades sociales y centros educativos del Archipiélago.

Además, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias ha encargado un proyecto de diseño, elaboración y difusión de recursos educativos que facilitan la participación infantil desde un enfoque pedagógico, interactivo y adaptado. Este trabajo promueve el aprendizaje significativo y la implicación activa del alumnado en la construcción de la nueva norma.

El proceso se ha desarrollado en dos fases principales. En primer lugar, se presentó al personal técnico y profesional que trabaja con menores la metodología de consulta, así como herramientas para motivar a los grupos y recoger adecuadamente sus opiniones y propuestas. En segundo lugar, se habilitaron espacios de participación directa con niños, niñas y adolescentes del VOPIA de Las Palmas de Gran Canaria, los IES Ramón Menéndez Pidal y Santa Úrsula, las ludotecas de Tenerife, el centro de día Guaidyl en Granadilla de Abona y las entidades de infancia migrante Mundo Nuevo y Superacció.

En estos encuentros, los menores compartieron activamente sus ideas, preocupaciones y aportaciones sobre la futura ley, expresando cómo viven su día a día, qué cambios consideran necesarios para mejorar su bienestar y cómo garantizar sus derechos desde su propia perspectiva.

El anteproyecto de Ley Canaria de Infancia y Adolescencia establece un marco regulador destinado a garantizar los derechos fundamentales, promover políticas públicas transversales e implementar mecanismos efectivos de protección integral, atención especializada y participación activa de las personas menores de edad. Además, adapta la normativa autonómica a lo establecido en la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral frente a la violencia.

El texto legal se estructura en una exposición de motivos, un título preliminar, diez títulos, 188 artículos, diez disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y tres disposiciones finales.