Canarias alerta de que el Pacto de Migración y Asilo no será eficaz si olvida a las regiones frontera

El Gobierno de Canarias considera que la puesta en marcha del Pacto Europeo de Migración y Asilo de la UE precisa de más solidaridad, mayor financiación, protección real a los menores y contemplar la dimensión atlántica de la migración, pero sobre todo entiende que se debe dar voz a las regiones frontera en las políticas migratorias. De otra manera, el acuerdo no resultará eficaz.

Así lo manifestó el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, en la reunión del grupo de trabajo sobre Migración de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) celebrada este martes en Bruselas.

Caraballo mostró su preocupación por las posibles repercusiones para las islas del acuerdo firmado entre los 27 e insistió en reclamar a Europa medidas específicas para las regiones fronterizas en el Pacto de Migración y Asilo, que entrará en vigor el próximo mes de junio. Lamentó asimismo que aún se desconozcan el impacto real y los efectos que su aplicación tendrá en el archipiélago, una comunidad -dijo-, que sufre una presión muy elevada, mientras que los mecanismos hacia otras autonomías y hacia otros estados miembros “siguen siendo insuficientes”.

En este sentido, reiteró la necesidad de que Canarias, como zona frontera al sur de Europa, sea incluida en el diseño de la política migratoria europea y en los foros Unión Europea-África. A su juicio, “quienes gestionamos el reto migratorio en primera línea debemos participar en las decisiones”.

Asimismo, volvió a plantear que la UE reconozca formalmente la Ruta Atlántica como sistema migratorio específico diferenciado de los flujos en el Mediterráneo y, en consecuencia, diseñe estrategias propias de prevención, salvamento y cooperación, así como su adaptación a trayectos de más de 2.000 kilómetros en embarcaciones precarias.

Estancias prolongadas

Recordó que el Reglamento de Triaje contemplado en el Pacto de Migración y Asilo obliga a realizar controles prolongados, una circunstancia que puede mantener a las personas migrantes por un plazo de hasta seis meses en Canarias (12 semanas iniciales que se pueden prorrogar otras 12 semanas), cuando actualmente la media de estancia es de un mes. Este extremo es “inasumible para un territorio limitado y fragmentado como el archipiélago”, por lo que insistió el viceconsejero en que es preciso que la comunidad autónoma participe en el diseño de las políticas migratorias que contemplen su realidad.

Caraballo, en la línea que ha mantenido hasta ahora el Gobierno de Canarias, se mostró crítico con el Pacto tal como ha sido aprobado porque considera que, si no se corrigen, sus directrices pueden agravar la presión que vive el archipiélago respecto a la migración. Por eso, entiende que además de dar un enfoque atlántico a este fenómeno para contemplar las características de la Ruta Canaria y dar voz a los territorios fronteras de la Unión, es preciso “más financiación y más solidaridad por parte de Bruselas”.

Al respecto, calificó como “fundamental” que se regionalicen los fondos previstos en el Pacto, de manera que se flexibilicen las normas comunes y se adapte la financiación a las condiciones del archipiélago. De otro modo, insistió, el Pacto “no funcionará”.

Rechazo a externalizar los centros de acogida

Octavio Caraballo insistió en la inquietud que genera en el Gobierno autonómico no conocer el alcance real que tendrá el acuerdo en las islas y manifestó su convencimiento de que la aplicación debe incluir mecanismos automáticos de derivación rápida de migrantes desde Canarias hacia la península y otros Estados miembros, sobre todo para las regiones ultraperiféricas y zonas de alta presión migratoria. Asimismo, alertó del riesgo de que los nuevos procedimientos puedan convertir a Canarias en un espacio de retención y criticó la falta de información ofrecida hasta ahora al respecto.

Hizo hincapié en que, a pesar del descenso en la llegada de migrantes procedentes de la costa occidental de África en lo que va de año, es indispensable que Europa mantenga la mirada en el Sahel, un área de gran inestabilidad política y social cuyas consecuencias podrían tener impacto en las islas con un incremento de los flujos migratorios.

En cuanto a los menores migrantes que viajan solos -actualmente en torno a 3.000 jóvenes se encuentran bajo la tutela del Gobierno de Canarias-, entiende que es prioritario crear un sistema europeo de protección de menores no acompañados, con reubicación obligatoria y rápida, una financiación estable para la acogida, educación y atención a la salud mental, así como estándares comunes de tutela en todos los estados. “Debemos tener garantías de que no hay fisuras en la atención y acogida a los menores”, afirmó el viceconsejero durante su intervención en la reunión del grupo de trabajo de Migración de la CRPM celebrada este martes en Bruselas.

Exclusión de los planes nacionales

Caraballo también manifestó su inquietud por la exclusión de Canarias de los planes nacionales elaborados por el Estado para la aplicación del Pacto. Lamentó al respecto que, a pesar de ser la comunidad más afectada por las llegadas marítimas y soportar una presión migratoria mucho mayor que el resto del país, “Canarias no ha sido consultada en la preparación del plan para implementar el Pacto”.

Esta circunstancia, dijo, solo dificulta la eficacia de las políticas previstas, además de limitar la capacidad del Estado para diseñar una respuesta ajustada a la realidad de los territorios que se encuentran en primera línea de la gestión migratoria.

A su juicio, aún se está a tiempo de generar un pacto multinivel de gobernanza que incluya la participación de las regiones en el Pacto Europeo de Migración y Asilo en el que la solidaridad “sea obligatoria, no voluntaria”. Para ello, dijo, es importante una declaración conjunta de la CRPM para fijar “líneas rojas comunes en la implementación del acuerdo”.