Mogán compra a ciegas: adquiere un edificio afectado por una orden urbanística sin aclarar y sin saber cuánto le costó al propietario

El Ayuntamiento de Mogán está tramitando la compra del edificio situado en la calle Guardia Juan Martín Quesada nº 4, conocido como “Monte Verde Mogán”, en un contexto que califica de “profunda falta de transparencia y rigor administrativo”.

Según explica el edil de NC-BC, JuanMa Gabella, la documentación facilitada por el Ayuntamiento incluye una escritura de compraventa aportada, aparentemente, por la entidad vendedora, Hoteles Nuevo Milenio, en la que se han suprimido los datos económicos esenciales, como el precio total de la operación, la base imponible del IGIC y las valoraciones individuales de las fincas.

Gabella considera especialmente grave que el Ayuntamiento haya aceptado esta documentación sin exigir su subsanación, lo que ha generado una situación en la que ni los técnicos municipales ni los representantes públicos conocen el precio real de adquisición previo del inmueble, un dato fundamental para valorar la operación.

“Estamos ante una compra de mas de 1,5 millones de euros, con dinero público, en la que se desconoce un elemento fundamental como es el precio real de adquisición previo. Es, literalmente, comprar a ciegas”, afirma Juanma Gabella.

Pero a esta falta de transparencia se suma, según el concejal, un problema aún más preocupante: la situación urbanística del edificio.

Tras analizar documentación municipal, el edil nacionalista ha constatado que el inmueble está vinculado a un expediente de disciplina urbanística en el que el propio Ayuntamiento acordó en su momento “la suspensión de obras ejecutadas sin licencia y la obligación de restaurar la realidad física alterada”, tras la demolición de una edificación tradicional en el casco antiguo de Mogán, conocida como la “Casa de Florita”.

La resolución del expediente es clara al señalar que “no se instó la legalización de las obras ni se repuso el inmueble a su estado original”, ordenando expresamente el restablecimiento del orden jurídico infringido mediante la restauración del edificio.

El concejal advierte que no consta que dicha orden haya sido ejecutada ni que su situación haya sido aclarada en el expediente de compra, lo que implica que el inmueble podría seguir afectado por una carga urbanística relevante, con posibles obligaciones de restauración que inciden directamente en su valor.

“Estamos ante una operación en la que concurren dos elementos especialmente graves: por un lado, se oculta el precio de la compraventa, y por otro, se ignora la posible existencia de una obligación urbanística pendiente. El Ayuntamiento podría estar comprando un edificio sin conocer su verdadero coste económico ni sus cargas legales”, ha señalado.

Gabella considera incomprensible que el Ayuntamiento no haya requerido al vendedor la aportación de la escritura completa ni haya incorporado al expediente un análisis técnico y jurídico sobre la situación urbanística del inmueble.

“El problema ya no es solo de transparencia, sino de cómo se está tramitando el expediente. No se puede adquirir un inmueble con dinero público sin conocer todos los datos económicos y sin haber aclarado previamente si pesa sobre él una orden de restauración dictada por la propia Administración”, ha afirmado.

Ante esta situación, el concejal ha solicitado formalmente:
Que se requiera al vendedor la aportación de la escritura íntegra y sin censura.
Que se informe sobre el estado actual de la orden de restablecimiento urbanístico.
Y que se incorporen al expediente los informes técnicos y jurídicos necesarios para
garantizar la legalidad de la operación.

El edil no descarta emprender acciones legales si no se corrige esta situación, al considerar que se trata de un asunto de máximo interés público que afecta directamente a la transparencia, la legalidad y la correcta gestión de los recursos municipales.