El PP califica de “varapalo judicial y político” la anulación del Plan Insular de Gran Canaria por el TSJC

El grupo del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha valorado con dureza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que declara nula de pleno derecho la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, aprobada en diciembre de 2022. Los populares consideran que el fallo supone un “varapalo judicial y político en toda regla” para el gobierno insular.

La resolución, fechada el pasado 8 de abril, anula el documento por haberse adaptado a la Ley 19/2003, una normativa que había sido prácticamente derogada, en lugar de ajustarse a la legislación vigente, en concreto a la Ley del Suelo de Canarias de 2017. Según el PP, el Cabildo dispuso de casi cinco años para realizar esta adaptación correctamente.

Desde la formación subrayan la gravedad de la decisión judicial, al afectar al principal instrumento de planificación territorial de la isla, que regula los usos del suelo y marca las bases del desarrollo económico, social, turístico y medioambiental. Aunque la sentencia no es firme y cabe recurso de casación, advierten de sus posibles consecuencias sobre el futuro de Gran Canaria.

La anulación del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tiene varias consecuencias relevantes:

En primer lugar, deja sin efecto el principal marco de planificación territorial de la isla, lo que genera un vacío o retroceso normativo sobre cómo se deben organizar los usos del suelo (urbanismo, turismo, infraestructuras, medio ambiente).

Además, provoca inseguridad jurídica para administraciones, empresas y ciudadanos, ya que proyectos en marcha o previstos pueden quedar paralizados, revisados o incluso anulados si dependían de ese plan.

También puede suponer retrasos en el desarrollo económico y en inversiones, especialmente en sectores como el turístico o urbanístico, al no existir una hoja de ruta clara y actualizada.

Otra consecuencia es la necesidad de elaborar o adaptar un nuevo plan conforme a la legislación vigente, lo que implica tiempo, recursos y posibles conflictos políticos y técnicos.

Por último, abre la puerta a litigios y reclamaciones, ya que decisiones tomadas bajo el plan anulado podrían ser impugnadas, aumentando la complejidad administrativa en la isla.

Los populares también han criticado la gestión del gobierno presidido por Antonio Morales, asegurando que el plan “ha estado guardado en un cajón” desde su aprobación y que no se ha ejecutado ninguna de las medidas previstas ni se ha activado la comisión de seguimiento contemplada en el documento.

Por último, el PP ha reprochado la reacción del Cabildo ante el fallo judicial, instando al gobierno insular a no “arremeter contra el tribunal” y a analizar con rigor las consecuencias de la sentencia. En este sentido, reclaman actuar con responsabilidad, cumplir estrictamente la legalidad vigente y anteponer el interés general frente a intereses partidistas.